El ambiente político en Honduras se ha visto convulsionado en las últimas horas tras la divulgación de una serie de grabaciones que, según el Ministerio Público, revelarían un presunto plan para manipular el proceso electoral de 2025. Las revelaciones llegan a menos de un mes de los comicios generales, generando preocupación sobre la transparencia y legitimidad del proceso democrático.

El Fiscal General Johel Zelaya confirmó que el Ministerio Público recibió formalmente una denuncia acompañada de una memoria USB con 24 grabaciones de audio, entregadas por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) Marlon Ochoa.

En dichas grabaciones, según Ochoa, se escuchan conversaciones entre figuras políticas y un oficial militar activo, quienes supuestamente discutían estrategias para “intervenir en etapas sensibles del conteo y la transmisión de resultados”.

Las grabaciones, según el Fiscal, apuntarían a una “estructura organizada” que podría estar operando para alterar la voluntad popular. “Si estos hechos se comprueban, estaríamos ante un posible delito de traición a la patria”, expresó Zelaya, advirtiendo que las penas podrían alcanzar hasta 20 años de prisión.

Entre los nombres que figuran en las denuncias destaca el de Cossette López, consejera propietaria del CNE, quien habría participado en algunas de las conversaciones grabadas. Sin embargo, López rechazó categóricamente cualquier implicación, calificando las acusaciones como “una manipulación política” y asegurando que se trata de una estrategia para desacreditar al órgano electoral.

“Esa no es mi voz. Todo esto es un montaje. No permitiré que se manche mi nombre ni la institucionalidad del CNE”, declaró la funcionaria a medios locales. Su defensa sostiene que los audios podrían haber sido editados o incluso fabricados mediante inteligencia artificial, por lo que exigen una pericia técnica independiente.

Por su parte, el diputado Tomás Zambrano, también mencionado en el caso, negó rotundamente su participación, calificando la denuncia como “una cortina de humo” para desviar la atención de los problemas internos del gobierno. “Esto es una persecución política disfrazada de investigación judicial”, expresó en conferencia de prensa.

El escándalo tomó mayor relevancia cuando el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) emitió un comunicado aclarando que no tiene vínculo alguno con los audios, luego de que se mencionara a la institución en una de las grabaciones. El ente reiteró su autonomía e imparcialidad, y exhortó a las autoridades a actuar conforme a la ley y el debido proceso.

Analistas políticos advierten que el caso podría tener un impacto directo en el clima electoral.

A pocas semanas de la votación, la desconfianza en el sistema crece entre los ciudadanos, mientras los partidos de oposición exigen la intervención de observadores internacionales y una auditoría completa al sistema de transmisión de resultados.

El consejero Ochoa, quien presentó la denuncia, afirmó que revelará más detalles “en el momento oportuno” y que los audios fueron obtenidos de manera legal. “Nuestra obligación es proteger la voluntad del pueblo hondureño. No podemos permitir que se repitan prácticas del pasado”, dijo en declaraciones televisadas.

El Ministerio Público anunció que los audios serán sometidos a un análisis forense digital, para verificar su autenticidad, origen y posibles manipulaciones. De confirmarse su validez, se abriría una investigación formal contra los implicados por delitos electorales, abuso de autoridad y asociación ilícita.

Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral enfrenta una de sus mayores pruebas de credibilidad. Los próximos días serán decisivos para esclarecer el caso y garantizar que el proceso electoral avance sin sombra de manipulación. La población, por su parte, observa con escepticismo y preocupación el desarrollo de un escándalo que podría redefinir la confianza en las instituciones democráticas del país.