Han pasado más de dos años desde que Juan López, defensor ambiental y líder comunitario en Tocoa, Colón, fuera asesinado, y su caso sigue evidenciando la fragilidad de la protección a quienes defienden el medio ambiente en Honduras. A pesar de la captura de algunos presuntos autores materiales, los responsables intelectuales permanecen sin ser identificados, y no se ha emitido sentencia firme.

Originario de El Paraíso, Copán, y nacido en 1978, López construyó un sólido liderazgo en el Bajo Aguán. Como delegado de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo, impulsó la Pastoral de Ecología Integral y se convirtió en un referente en la defensa de ríos estratégicos como Guapinol y San Pedro, así como del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”. Su trabajo combinaba la protección ambiental con la exigencia de transparencia en la gestión pública, denunciando irregularidades en permisos y proyectos extractivos que afectaban a la comunidad.

Su activismo lo colocó en un contexto de constante presión y amenazas documentadas, al punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares. Sin embargo, esas medidas no pudieron evitar su asesinato: el 14 de septiembre de 2024, López fue atacado a balazos tras salir de una actividad religiosa en la iglesia San Antonio de Padua. El crimen generó conmoción nacional e internacional, evidenciando las fallas de los mecanismos de protección a líderes territoriales.

Aunque la investigación inicial llevó a la detención de varios sospechosos, las liberaciones por falta de pruebas y la ausencia de responsables intelectuales mantienen abierto el caso. La fiscalía especializada en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción aún no ha logrado sentencia, y la justicia plena sigue siendo una demanda pendiente de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El legado de Juan López forma parte de la iniciativa Guardianes Silenciados, promovida por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) con apoyo de la Embajada Británica en Guatemala, que documenta patrones de violencia contra defensores ambientales y exige verdad y reparación. Su historia refleja la intersección crítica entre defensa del territorio, transparencia y poder local, y subraya la urgencia de fortalecer la protección a quienes arriesgan su vida por la comunidad y el medio ambiente en Honduras.