La designada presidencial María Antonieta Mejía volvió a plantear públicamente la necesidad de impulsar un juicio político contra el fiscal general del Estado, Johel Zelaya, argumentando que su gestión al frente del Ministerio Público de Honduras ha estado marcada por actuaciones que, en su opinión, exceden las atribuciones constitucionales y atentaron contra la institucionalidad del país.

Mejía, figura destacada del Partido Nacional y nombrada por el presidente Nasry Asfura, reiteró sus críticas contra Zelaya al asegurar que el titular del MP ha utilizado su cargo con fines “políticos” y que ciertas decisiones tomadas durante su mandato merecen ser examinadas por el Congreso Nacional de Honduras en el contexto de un juicio político.

El reclamo de la designada surge mientras crece el debate sobre la actuación de la Fiscalía en torno a procesos judiciales sensibles, incluidos algunos vinculados con actores políticos y con casos que han tenido amplia cobertura pública.

Mejía señaló que la eventual apertura de un juicio político no busca perseguir intereses personales, sino garantizar la rendición de cuentas y evitar que supuestas irregularidades queden sin respuesta ante la justicia hondureña.

En enero pasado, la propia Mejía ya había planteado esta posibilidad al sostener que diversas acciones del fiscal general podrían constituir causales para iniciar ese proceso en el Legislatura, especialmente tras señalamientos de presunta parcialidad en investigaciones que involucraron a consejeras del Consejo Nacional Electoral y otros actores en el contexto post‑electoral.

La figura del juicio político que en Honduras puede ser promovida por el Congreso Nacional contra funcionarios que se presume han incurrido en violaciones a la Constitución, delitos o incumplimiento de sus deberes ha sido invocada también por otros sectores políticos y figuras públicas en medio de una fuerte polarización sobre la justicia, la política electoral y el papel de las instituciones de Estado.

En respuesta a estas demandas, el fiscal general ha reconocido públicamente que enfrentaría con profesionalismo cualquier investigacion o acción en su contra, y ha defendido la independencia del Ministerio Público al afirmar que continuará actuando con apego a la ley sin verse influido por presiones partidarias.

Legisladores consultados han mostrado reacciones mixtas: mientras unos respaldan el llamado de Mejía a debatir la responsabilidad del fiscal general en el Congreso, otros advierten que un juicio político podría profundizar las tensiones institucionales y desviarse de la prioridad de consolidar un sistema judicial fuerte y transparente.

La insistencia de la designada presidencial añade un nuevo capítulo a la discusión sobre el papel del Ministerio Público, la independencia judicial y los mecanismos de control político en Honduras, tema que sigue generando amplio interés entre analistas, partidos políticos y sectores de la sociedad civil.