La falta de acciones efectivas contra la corrupción en Honduras ha deteriorado la confianza de la ciudadanía en el gobierno y las instituciones públicas, según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). En su tercer informe Estado de país 2025, ASJ destacó la escasa asignación presupuestaria para las entidades de control y la baja efectividad de las fiscalías anticorrupción.

Entre 2022 y 2024, el financiamiento para las instituciones de control representó apenas el 0.4 % del Presupuesto General de la República, mientras que el Congreso Nacional recibió un 25 % más de fondos en comparación con estas entidades. Además, desde 2022, el Congreso ha otorgado L 613.6 millones en subvenciones sin liquidación, lo que representa el 21 % de su presupuesto para 2023-2024.

El informe también resalta la deficiente respuesta estatal en el combate a la corrupción. En 2024, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizó 154 auditorías, la cifra más baja en siete años (exceptuando 2020, debido a la pandemia). De estas auditorías, solo el 5.1 % fueron remitidas al Ministerio Público (MP). La efectividad de las fiscalías anticorrupción también fue mínima: de las 2,535 denuncias recibidas, solo 129 derivaron en requerimientos fiscales y apenas 28 resultaron en condenas, reflejando una tasa de éxito del 1.1 %.

En cuanto a la transparencia, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) también muestra limitaciones. A pesar de recibir 324 recursos de revisión en 2024, la mayoría de los casos no se resuelven dentro del plazo legal de 10 días hábiles, demorando hasta un año.

A pesar de algunos esfuerzos, como el Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2023-2025, que registra un 36 % de cumplimiento en sus compromisos, y la capacitación de 2,938 servidores públicos en transparencia, los avances son insuficientes para combatir la corrupción estructural. En 2024, Honduras registró su peor puntaje histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción y, por decimoquinto año consecutivo, quedó fuera de la Cuenta del Milenio por incumplir los estándares de control de la corrupción.

En otros índices internacionales, la situación también es alarmante. En el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, Honduras ocupa una de las peores posiciones en América, y en el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, a pesar de una leve mejora de 0.41 a 0.42 puntos, solo supera a Nicaragua en la región. Según el sondeo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), el 70 % de los hondureños cree que la corrupción domina las instituciones gubernamentales y los partidos políticos.

Ante este panorama, ASJ recomienda al Poder Ejecutivo fortalecer el monitoreo de iniciativas anticorrupción, garantizar la autonomía y financiamiento de las entidades de control, y avanzar en la negociación con Naciones Unidas para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). Asimismo, insta al Congreso Nacional a actuar con mayor transparencia, reformar normativas internas que otorgan poderes discrecionales a su Junta Directiva y priorizar legislaciones que fortalezcan la lucha contra la corrupción y la instalación de la CICIH.