El Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, a través de su secretaría adjunta, resolvió denegar la aplicación del Decreto Legislativo N°04-2022 a favor del exalcalde Rodolfo Augusto Padilla Sunseri, quien fue condenado por el delito de prevaricato administrativo en perjuicio de la administración pública.

El delito de prevaricato administrativo, por el que se condenó a Padilla Sunseri, implica una pena principal de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, ya sea por nombramiento o elección popular, que involucren la administración de bienes públicos o privados. La inhabilitación tiene una duración de seis años, conforme a lo establecido por la sentencia condenatoria.

El caso del exalcalde se remonta al año 2017, cuando un tribunal de sentencia lo absolvió de las acusaciones de malversación impropia de caudales públicos agravada. Sin embargo, el Ministerio Público impugnó la decisión mediante un recurso de casación por quebrantamiento de forma. En respuesta, los magistrados de la Sala de lo Penal, aplicando en forma retroactiva el Código Penal N°130-2017, revocaron la sentencia absolutoria y condenaron a Padilla Sunseri como autor material de un delito consumado de prevaricato administrativo.

Desde el año 2023, el Juzgado de Ejecución Penal notificó a la defensa de Padilla Sunseri la aplicación de la condena, que también incluye una pena accesoria consistente en la suspensión de la ciudadanía por el tiempo que dure la inhabilitación. Asimismo, se informó al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la imposibilidad del exalcalde de postularse o desempeñar cargos públicos.

El pasado 23 de diciembre, el exalcalde anunció su regreso a Honduras luego de recibir una carta de libertad definitiva, que supuestamente se basó en la aplicación del Decreto Legislativo N°04-2022. Este decreto, aprobado en febrero de 2022 bajo la presidencia de Luis Redondo en el Congreso Nacional, busca condenar el golpe de Estado de 2009 y otorgar amnistía a presos políticos y de conciencia. Sin embargo, los diputados opositores señalaron que la ley se presta para un "pacto de impunidad".

Pese a este antecedente, el Juzgado de Ejecución Penal ha confirmado que el beneficio de amnistía no aplica en el caso de Rodolfo Padilla Sunseri, manteniéndose la ejecución de la pena en todos sus términos.

La resolución judicial subraya la inhabilitación del exalcalde para ejercer cargos públicos, lo que constituye un fuerte golpe para sus aspiraciones políticas futuras. Además, el caso sigue generando controversia en torno al alcance y la aplicación del Decreto N°04-2022, poniendo en debate su impacto en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.