Las recientes decisiones dentro del Poder Judicial hondureño han generado nuevas críticas y un intenso debate público tras las declaraciones ofrecidas en el foro televisivo “El Personaje” de CHTV por la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Ana Cardona.

Las declaraciones se producen en un momento de alta sensibilidad política en torno al funcionamiento del sistema judicial. Diversos sectores han pedido mayor transparencia en los procesos de nombramiento y una normativa definitiva que garantice independencia, estabilidad y reglas claras para jueces y magistrados.

Durante su participación, Cardona denunció supuestas irregularidades en varios nombramientos promovidos desde la Corte Suprema de Justicia. Entre los casos señalados mencionó el ascenso de una pariente política de la presidenta del máximo tribunal, Rebeca Lizeth Raquel Obando, quien según expuso habría pasado de jueza de paz a jueza de letras civil sin que se respetaran, a su criterio, los procedimientos tradicionales de la carrera judicial.

La dirigente gremial cuestionó que los procesos recientes no reflejen criterios de meritocracia ni los controles que históricamente, aseguró, formaban parte del sistema de selección, como evaluaciones patrimoniales, pruebas de conocimiento y exámenes de confianza. Recordó que en el pasado los aspirantes debían someterse a múltiples filtros antes de optar a cargos de mayor jerarquía.

Asimismo, expresó preocupación por el nombramiento de Larisa Barahona como magistrada de Corte de Apelaciones, señalando que la dinámica actual podría debilitar la independencia judicial si las designaciones responden a vínculos personales o afinidades. De acuerdo con sus estimaciones, en los últimos días se habrían realizado cerca de un centenar de nombramientos bajo un esquema que según afirmó no garantiza transparencia plena.

En el mismo espacio televisivo intervino la abogada y analista Sandra Ponce, quien abordó la reciente reforma relacionada con el Poder Judicial aprobada por el Congreso Nacional. Ponce sostuvo que la modificación tiene naturaleza constitucional, por lo que —en su interpretación— debería ser ratificada en una segunda legislatura para cumplir con los requisitos formales establecidos en la Constitución.

La jurista explicó que existe una postura doctrinal compartida por especialistas en derecho constitucional que respalda esta tesis.

A su juicio, omitir el procedimiento completo podría abrir la puerta a impugnaciones legales e incluso a que la propia Corte Suprema revise la constitucionalidad del decreto.

Ponce también subrayó la necesidad urgente de aprobar una Ley del Consejo de la Judicatura que regule con claridad la administración de la carrera judicial.

Señaló que mantener disposiciones transitorias prolongadas genera incertidumbre y debilita la institucionalidad. En ese sentido, instó al Congreso a avanzar dentro del plazo establecido para evitar que la reforma quede expuesta a cuestionamientos legales.

El debate ahora se centra tanto en la legitimidad de los recientes ascensos como en la validez formal de la reforma impulsada por el Legislativo, un escenario que podría derivar en nuevas discusiones jurídicas en las próximas semanas.