INTERNACIONALES

El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma laboral de gran alcance que, de aprobarse definitivamente, modificaría varios pilares de la legislación que ha protegido a los trabajadores argentinos durante décadas, generando un fuerte enfrentamiento con sindicatos y sectores sociales.

El proyecto, ya respaldado por el Senado y ahora en manos de la Cámara de Diputados para su votación final, propone cambios significativos en áreas como las indemnizaciones por despido, la regulación de las horas extra y el ejercicio del derecho de huelga.

Las autoridades sostienen que estas medidas atraerán inversiones, flexibilizarán el mercado laboral y fomentarán la formalización del empleo.

Sin embargo, la iniciativa ha sido recibida con amplia resistencia por parte de sindicatos y agrupaciones obreras, que consideran que las reformas representan un retroceso histórico en las conquistas laborales obtenidas en Argentina. La Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales sindicales han organizado huelgas generales y paros nacionales, paralizando sectores clave como el transporte público, la educación y servicios estatales, en rechazo a lo que describen como una erosión de derechos fundamentales.

Las manifestaciones no se limitaron a protestas pacíficas. En varios puntos del país se reportaron enfrentamientos entre trabajadores y fuerzas de seguridad, lo que ha intensificado la tensión política y social en Buenos Aires y otras zonas urbanas.

Críticos de la reforma argumentan que la modificación de normas como la indemnización por despido y la flexibilización de jornadas laborales podría aumentar la precariedad del empleo y debilitar la capacidad de los sindicatos para proteger a los trabajadores, contraviniendo acuerdos internacionales sobre derechos laborales ratificados por Argentina.

El Gobierno, por su parte, asegura que estos ajustes son necesarios para modernizar un mercado de trabajo percibido como rígido, incentivar la inversión extranjera y reducir los altos niveles de informalidad laboral que han caracterizado a la economía argentina durante años.

El resultado de la votación en Diputados y la eventual promulgación de la reforma marcarán un momento clave en la política económica y social de Argentina, con impacto directo en la relación entre poder político y movimiento obrero en el país austral.