La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que recibió una solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, a quienes se les señala por su presunta implicación en el delito de prevaricato judicial, en perjuicio de la Administración de Justicia.

De acuerdo con el comunicado oficial, la solicitud fue recibida en la Secretaría General del Poder Judicial y trasladada conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente. El delito imputado prevaricato judicial se configura cuando un juez o magistrado dicta resoluciones contrarias a la ley o a la justicia, aprovechando su cargo.

La CSJ explicó que el antejuicio es el mecanismo legal que se aplica a jueces y magistrados cuando existen indicios de que habrían cometido delitos en el ejercicio de sus funciones. Este proceso, según el artículo 47 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral, debe realizarse ante un órgano jerárquicamente superior, garantizando el respeto a las prerrogativas que la ley otorga a los altos funcionarios judiciales.

En cumplimiento de lo anterior, la Presidencia del Poder Judicial ordenó a la Secretaría General la conformación del tribunal que conocerá la solicitud, designando a tres magistrados que actuarán como órgano colegiado conforme a lo estipulado en los artículos 420, 421 y 422 del Código Procesal Penal.

La investigación contra los magistrados Flores Urrutia y Barahona surge tras varias resoluciones del TJE que han sido cuestionadas públicamente por sectores políticos y jurídicos, especialmente aquellas relacionadas con decisiones en materia electoral que, según algunos expertos, habrían excedido sus competencias o vulnerado disposiciones legales.

Aunque la CSJ no ha brindado detalles sobre el origen específico del señalamiento, trascendió que el Ministerio Público habría sustentado la solicitud en supuestas actuaciones irregulares dentro de fallos emitidos recientemente en procesos electorales de alto perfil, en los que se alegó la “interpretación arbitraria” de la ley.

El caso se da en medio de un ambiente político sensible, donde el funcionamiento y la independencia del Tribunal de Justicia Electoral han sido objeto de intenso debate público.

De proceder el antejuicio, los magistrados investigados podrían ser suspendidos temporalmente de sus cargos mientras se desarrolla la causa penal correspondiente.

La CSJ subrayó que el proceso será llevado con apego a derecho, garantizando la presunción de inocencia y el debido proceso. Entretanto, se espera que en los próximos días los magistrados señalados presenten sus argumentos de defensa ante el órgano colegiado designado.