A tan solo 31 días de las elecciones generales, el Instituto de la Justicia presentó la segunda entrega del Termómetro Electoral, un estudio que mide las percepciones ciudadanas sobre los candidatos, las instituciones y la transparencia del proceso democrático en Honduras. Los resultados reflejan una combinación de esperanza por el cambio y desconfianza hacia las autoridades que deberán garantizar la limpieza del voto.

El sondeo, realizado por la firma Le Vote entre el 22 y el 27 de octubre de 2025, abarcó más de 200 municipios a nivel nacional. Se aplicaron 2,033 entrevistas telefónicas a números móviles personales, una metodología que permitió incluir la voz de hondureños que usualmente no participan en encuestas presenciales debido a limitaciones de acceso o seguridad.

Los hallazgos muestran que seis de cada diez hondureños afirman que acudirán a las urnas el 30 de noviembre, aunque la incertidumbre sigue marcando el ambiente político. El 61% de los encuestados cree que las Fuerzas Armadas “tal vez” o “no” cumplirán su función de forma independiente, una cifra que alimenta el escepticismo sobre la imparcialidad del proceso.

La percepción de fraude también se mantiene en aumento. El 54% considera que las elecciones serán “algo” o “muy” fraudulentas, frente al 46% que opinaba lo mismo en la primera medición del mes. Esta tendencia, según los analistas del Instituto, refleja el desgaste en la confianza institucional y la polarización entre los principales bloques políticos.

Uno de los aspectos más destacados del estudio es la falta de conexión entre los candidatos y la ciudadanía. El 60% de los encuestados afirmó no haber escuchado propuestas claras por parte de los aspirantes, y apenas el 23% calificó las existentes como “muy” o “algo” comprensibles.

Este vacío de comunicación podría explicar el desánimo de una parte del electorado, que percibe la campaña como dominada por ataques personales y discursos polarizantes.

En cuanto a las motivaciones del voto, el 32% de los hondureños afirma que votará por una propuesta, el 22% por un candidato y el 17% por un partido político. Estas cifras indican que, aunque la identidad partidaria sigue teniendo peso, cada vez más votantes priorizan ideas o proyectos concretos sobre lealtades históricas.

El estudio también profundiza en las prácticas clientelistas que continúan afectando la cultura electoral. Cuatro de cada diez hondureños admiten que aceptarían un beneficio económico o material a cambio de su voto. Aunque la mayoría asegura que finalmente votaría por su opción preferida, el dato refleja una preocupante normalización de este tipo de intercambios.

Entre los jóvenes, tres de cada diez opinan que quienes aceptan una dádiva terminan votando por quien la ofreció, lo que pone en evidencia una percepción de vulnerabilidad frente a las estrategias de manipulación política.

En cuanto a la intención de voto, los resultados muestran ligeras variaciones respecto al primer estudio presentado el 16 de octubre. El 40% de los encuestados decididos votaría por Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal; el 31% por Nasry Asfura, del Partido Nacional; el 25% por Rixi Moncada, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre); y un 4% por otros aspirantes.

Estos porcentajes, según el análisis del Instituto de la Justicia, evidencian un escenario electoral abierto y competitivo, donde el voto indeciso y la participación de última hora podrían inclinar la balanza en cualquiera de las tres principales candidaturas.

El Termómetro Electoral ha sido acompañado por un panel de siete expertos internacionales en investigación, análisis de datos y procesos democráticos, quienes supervisaron la aplicación metodológica y la presentación de los resultados. Con el fin de garantizar la transparencia, el Instituto puso a disposición del público la metodología completa, bases de datos y resultados detallados en su sitio web oficial https://institutodelajusticia.com , permitiendo que cualquier ciudadano, medio de comunicación o investigador pueda realizar su propio análisis.

El Instituto de la Justicia organización hondureña dedicada al fortalecimiento del Estado de derecho, la rendición de cuentas y la investigación aplicada reiteró que el objetivo del estudio es contribuir al debate informado y a la construcción de confianza en el proceso electoral.

En un contexto de alta polarización política, creciente desconfianza institucional y desinformación en redes sociales, la organización subrayó la necesidad de reforzar la educación cívica, garantizar la independencia de las autoridades electorales y promover la participación responsable.

“Los resultados reflejan una ciudadanía consciente de los desafíos, pero aún dispuesta a ejercer su derecho al voto”, destaca el informe. “La democracia hondureña enfrenta un momento decisivo, y el compromiso ciudadano será fundamental para garantizar su legitimidad.”

Con este segundo estudio, el Instituto reafirma su papel como un espacio de análisis técnico y ético que busca aportar evidencia y soluciones concretas para fortalecer la transparencia y la gobernabilidad democrática en el país.