Contreras acusa a Fiscalía por muerte de Barahona
24 de marzo de 2026
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, lanzó fuertes señalamientos contra el Ministerio Público tras el fallecimiento de la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, asegurando que existen responsables directos en lo ocurrido.
Miriam Barahona se desempeñaba como magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, una instancia clave en la resolución de conflictos derivados de procesos electorales en Honduras. Su situación de salud había sido señalada previamente como crítica, requiriendo atención médica especializada.
A través de un pronunciamiento público, el también dirigente liberal afirmó que la muerte de la funcionaria no debe considerarse un hecho aislado, sino el resultado de decisiones institucionales que, según él, impidieron que recibiera la atención médica necesaria a tiempo.
En ese sentido, sostuvo que la situación pudo haberse evitado.
Contreras aseguró que desde meses atrás había advertido sobre el delicado estado de salud de la magistrada y la urgencia de permitirle acceder a tratamiento especializado. Incluso, señaló que notificó a las autoridades correspondientes sobre el riesgo que enfrentaba, insistiendo en que la falta de acción derivaría en consecuencias graves.
En su mensaje, el edil fue contundente al responsabilizar a la Fiscalía por no haber facilitado las condiciones necesarias para que Barahona recibiera atención médica adecuada, incluyendo la posibilidad de salir del país para un procedimiento especializado. Según expresó, la negativa institucional terminó afectando directamente su estado de salud.
“Esta muerte tiene culpables”, manifestó, al tiempo que calificó lo sucedido como una consecuencia de negligencias dentro del sistema. Además, señaló que los derechos de la magistrada habrían sido vulnerados al no priorizar su condición médica en medio de los procesos legales que enfrentaba.
El alcalde también expresó su solidaridad con la familia de la funcionaria y con sectores políticos afines, reiterando que el caso debe ser analizado a fondo para establecer responsabilidades. Paralelamente, defendió la figura del juicio político como un mecanismo válido dentro del orden constitucional para exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos.
Las declaraciones se producen en un contexto de tensión política, donde distintos actores han comenzado a fijar posturas sobre el fallecimiento de la magistrada, generando debate en torno al papel de las instituciones y el manejo de casos sensibles relacionados con funcionarios públicos.
El caso ha reavivado el debate sobre el funcionamiento del sistema de justicia y la atención a funcionarios en condiciones vulnerables, en un entorno donde la institucionalidad enfrenta constantes cuestionamientos. Las acusaciones de Contreras se suman a una discusión más amplia sobre la responsabilidad del Estado en garantizar derechos fundamentales, incluso en medio de procesos judiciales.
