El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) exhortó a las autoridades hondureñas a no prolongar nuevamente el estado de excepción, al considerar que la medida no ha resuelto los problemas de violencia e inseguridad y, por el contrario, ha generado más de mil denuncias por violaciones a los derechos humanos atribuidas a fuerzas de seguridad del Estado.

De acuerdo con Luis Martínez, oficial jurídico del Observatorio del CONADEH, esta política no ha sido efectiva para atender las causas estructurales de la violencia, y ha derivado en múltiples abusos contra la población civil. “El estado de excepción no es la medida adecuada ni idónea para enfrentar la criminalidad, hemos reiterado que debe abandonarse y sustituirse por una política pública de seguridad con enfoque de derechos humanos”, expresó el funcionario.

Según datos del organismo, hasta septiembre de 2025 se registran 1,060 quejas contra miembros de la Policía Nacional, la DIPAMPCO y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), entre otras dependencias. Estas denuncias incluyen uso excesivo de la fuerza, allanamientos ilegales, daños a la propiedad privada, torturas, pérdida de bienes personales, amenazas y fabricación de pruebas falsas.

El CONADEH recordó que ya en abril pasado había informado al Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU sobre más de 800 quejas, cifra que ha seguido aumentando con el paso de los meses. Para el organismo, la extensión continua del estado de excepción ha provocado una normalización de la suspensión de derechos, lo cual contradice los principios constitucionales que la califican como una medida temporal y excepcional.

El ente defensor también alertó sobre el riesgo que implica mantener el estado de excepción en un año electoral, ya que podría limitar la libertad política y de participación ciudadana en el proceso previo a las elecciones generales de noviembre. “Es fundamental garantizar un ambiente libre y seguro para todos los hondureños, especialmente cuando se acerca una contienda electoral”, subrayó Martínez.

Por su parte, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, ya había manifestado ante instancias internacionales que la figura se ha “desnaturalizado y perdido su carácter excepcional”. Según Izaguirre, el país necesita sustituir este mecanismo por una política de seguridad integral con enfoque en derechos humanos y de género, que priorice la prevención, la justicia y la protección de la ciudadanía.

Durante la última revisión del EPU de la ONU, celebrada el 7 de noviembre en Ginebra, más de 90 países cuestionaron a Honduras por la constante ampliación del estado de excepción, así como por las presiones sobre las autoridades electorales y la situación de seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos.

El estado de excepción se encuentra vigente desde diciembre de 2022, y ha sido extendido 23 veces mediante decretos ejecutivos. El más reciente, publicado en La Gaceta No. 36,952, prorrogó la suspensión de garantías constitucionales en226 municipios de los 18 departamentos del país** hasta el 12 de noviembre de 2025.

Para el CONADEH, continuar con esta medida solo profundizaría la desconfianza ciudadana en las instituciones. “No se puede combatir la violencia sacrificando los derechos humanos. Honduras necesita soluciones estructurales, no respuestas temporales que generan más miedo y abusos”, concluyó el comunicado.