El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras anunció que, a partir del 1 de octubre de 2025, queda prohibida la inauguración de obras públicas en todo el país como medida para garantizar la igualdad de condiciones entre los competidores políticos de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

En un comunicado oficial, el Pleno de Consejeros explicó que la restricción estará vigente durante los 60 días previos a los comicios, y aplica a todas las instituciones del Estado, incluyendo Gobierno Central, corporaciones municipales y entidades descentralizadas. El objetivo es evitar que se utilicen recursos públicos con fines proselitistas o para promover la imagen de funcionarios y candidatos.

“Se prohíbe la realización de actos inaugurales y su difusión, pero la ejecución o finalización de las obras podrá continuar con normalidad”, aclaró el CNE, subrayando que la medida no detiene el avance de los proyectos, sino únicamente la promoción pública de los mismos.

El organismo electoral recordó que quienes incumplan esta disposición estarán sujetos a multas equivalentes a dos salarios mensuales, y en caso de reincidencia, al doble de la sanción, sin perjuicio de posibles destituciones de cargos públicos.

De acuerdo con la normativa, se consideran obras públicas aquellas relacionadas con la construcción, mantenimiento o reparación de carreteras, puentes, edificios, presas, aeropuertos, acueductos, dragados y otras infraestructuras similares, según el artículo 65 de la Ley de Contratación del Estado.

El CNE también aclaró que sí estarán permitidas las campañas institucionales del Gobierno y de entidades estatales, siempre que no incluyan la imagen, voz, nombre o firma de funcionarios, candidatos o partidos políticos. Quedan exentas de esta restricción las actividades relacionadas con salud pública, atención a desastres naturales, protección civil, seguridad y comunicación de las autoridades electorales.

Con esta medida, el CNE busca garantizar un proceso electoral transparente y equilibrado, evitando que la promoción de obras públicas se convierta en un mecanismo para influir en la decisión de los votantes, y reforzando el cumplimiento del marco legal vigente.