CNA insiste en juicio político contra fiscal y consejero electoral
10 de marzo de 2026
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reiteró su llamado al Congreso Nacional para que se inicie un proceso de juicio político contra el fiscal general de la República, Johel Zelaya, y el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, al considerar que existen elementos que ameritan una investigación política sobre su desempeño en el cargo.
El llamado del CNA se produce en medio de tensiones políticas vinculadas al funcionamiento de instituciones clave del Estado. En el caso del consejero Marlon Ochoa, se han señalado controversias relacionadas con el desarrollo de procesos electorales y su participación en decisiones dentro del organismo electoral.
Por su parte, el Ministerio Público, dirigido por el fiscal general, es la institución encargada de dirigir la investigación de los delitos y representar los intereses de la sociedad ante los tribunales.
Castellanos señaló que el país necesita fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y recordó que el Congreso tiene la facultad de evaluar la conducta de altos funcionarios cuando surgen cuestionamientos sobre su actuación.
Según la titular del CNA, permitir que situaciones polémicas queden sin revisión institucional podría debilitar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Asimismo, la representante del organismo anticorrupción afirmó que el debate sobre el juicio político no debe limitarse únicamente a estos dos funcionarios, sino que también debería analizarse la actuación de otros servidores públicos cuando existan señalamientos relacionados con su gestión.
A su criterio, aplicar este tipo de mecanismos contribuiría a establecer precedentes de responsabilidad dentro de la administración pública.
En Honduras, el juicio político es un mecanismo que puede ser promovido desde el Congreso Nacional para investigar y eventualmente sancionar a altos funcionarios del Estado cuando se considera que han incumplido sus responsabilidades o han afectado el funcionamiento de las instituciones.
