ACUERDO DE DUELO

Considerando: que el titular de un Poder del Estado en plena sesión legislativa se

tomó el tiempo de arremeter contra actores de sociedad civil, cuya labor se enfoca

en la lucha anticorrupción, el respeto al Estado de derecho, la institucionalidad y el

fomento de la participación ciudadana, garantizando el acceso a la información pública y exigiendo una rendición de cuentas oportuna.

Considerando: que estas se han convertido en prácticas comunes para atacar a

sectores sociales, medios de comunicación y población que disienta sobre las políticas adoptadas por la presente administración.

Considerando: que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe anual del

2023, señaló el mal funcionamiento del Mecanismo de Protección a Defensores de

Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia en

Honduras. Asimismo, se alerta sobre discursos estigmatizantes de funcionarios

públicos en contra de periodistas y organizaciones de sociedad civil, considerados

críticos por parte del gobierno, a través de calificaciones como «adversarios»,

«criminales» y «aliados de la narcodictadura», propiciando un clima de inseguridad

y amenazas hacia esta labor social, formativa e informativa, que coarta el derecho a la libertad de expresión y vulnera el acceso a la información pública.

Considerando: que en el Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa,

Honduras alcanzó una calificación de 36.50, que significa una «alta restricción» en

el ejercicio de estos derechos, «frente a un gobierno con una ideología socialista que

pretende imponer su régimen por sobre todos los sectores de la población».

CNA Por lo tanto, acuerda:

Primero. Rechazamos los discursos de las y los funcionarios y servidores públicos

en contra de sectores conformadores por diferentes actores de sociedad civil y

medios de comunicación, a quienes señalan de adversarios políticos cuando en el

desarrollo de su labor denuncian, investigan y revelan un manejo ineficiente de los

fondos asignados a las instituciones gubernamentales, cuestionan la falta de

transparencia y exigen un mayor acceso a la información, condenando la opacidad que ha existido en estas gestiones.

Segundo. Denunciamos el uso los bots en redes sociales en la primera línea de defensa ante los cuestionamientos de la población, fomentando la descalificación, el acoso y los mensajes de odio, sin ofrecer argumentos válidos ante las críticas.

Tercero. Exigimos que el Estado de Honduras garantice el libre ejercicio de la libertad de expresión para todos y todas.

Cuarto. Denunciamos que estas prácticas son violatorias de los derechos

fundamentales y crea la imagen de una administración intolerante, represiva y que

busca cerrar los espacios cívicos para acallar las voces disidentes en el país.

Quinto. Nos mantenemos alerta ante nuevos episodios de acoso a periodistas, a

representantes de la sociedad civil, a los y las hondureñas que aún se atreven a

denunciar y cuestionar las acciones de funcionarios que se alejan del marco de la legalidad en la función pública.

¡No permitamos que entierren la libertad de expresión!