La presidenta Xiomara Castro ordenó una investigación exhaustiva dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) luego de que se difundieran audios que, según el Ministerio Público (MP), involucran a una consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), un diputado y un militar activo en un supuesto plan para interferir en las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre.

El Fiscal General, Johel Zelaya, fue quien reveló las grabaciones y las calificó como evidencia de “una asociación ilícita” con el objetivo de socavar la voluntad popular. Los audios supuestamente muestran conversaciones que podrían constituir un intento de manipular el proceso electoral, lo que generó una fuerte reacción tanto en la sociedad civil como en los distintos actores políticos.

En su pronunciamiento, la presidenta Castro calificó los hechos como “una conspiración criminal destinada a provocar un golpe electoral”. Instruyó a las Fuerzas Armadas a investigar la participación de cualquier miembro activo y dispuso que el Canciller presente la denuncia correspondiente ante la comunidad internacional, buscando así garantizar que no se afecte la transparencia del proceso electoral.

La consejera Cossette López, señalada en los audios, negó categóricamente su participación, afirmando que su voz podría haber sido manipulada o falsificada. Por su parte, el diputado Tomás Zambrano también sostuvo que no reconoce la voz que aparece en las grabaciones. Estas declaraciones han generado un debate sobre la autenticidad de los audios y sobre la legalidad de su divulgación.

Juristas consultados han alertado que la publicación pública de estas grabaciones podría constituir una violación de la Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas, ya que no existe evidencia de autorización judicial para su difusión. Esto añade un nuevo elemento de complejidad al ya tenso panorama electoral hondureño, marcado por conflictos entre distintas instituciones y cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso.

Analistas políticos consideran que la acción de la presidenta Castro busca enviar un mensaje de firmeza frente a lo que califica como ataques a la institucionalidad y a la democracia. Además, destacan que esta investigación podría convertirse en un factor determinante en la percepción pública de la transparencia electoral y en la confianza de los votantes.

Mientras tanto, la sociedad civil y los medios de comunicación mantienen atención sobre las próximas etapas del proceso, ya que la investigación del MP y la supervisión de las FFAA podrían definir la legitimidad de las candidaturas y la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral durante las elecciones.

El escenario político se mantiene en tensión, y los actores implicados llaman a la prudencia y al respeto de la legalidad mientras se desarrollan las pesquisas. La resolución de este caso será clave para determinar si el proceso electoral se mantiene en condiciones de transparencia y si los mecanismos institucionales son suficientes para garantizar la imparcialidad de las elecciones.