El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, denunció que el oficialismo hondureño estaría ejecutando un plan para controlar los órganos electorales y declarar a Rixi Moncada ganadora sin contabilizar un solo voto. La acusación surge en el marco del antejuicio promovido por el Ministerio Público contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.

Cálix aseguró que la intención detrás del proceso judicial es remover a los magistrados y permitir que la Comisión Permanente del Congreso Nacional nombres sustitutos de manera irregular.

“El plan está claro, Mel lo dijo en una llamada televisiva: la única función de la comisión permanente era nombrar funcionarios si existía una vacante, y justamente por eso se conforma de manera ilegal”, señaló.

El parlamentario advirtió que la estrategia del oficialismo busca impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en Olancho y otros departamentos, favoreciendo resultados preestablecidos.

“Ellos no quieren que la democracia siga su curso, no quieren que las urnas se abran. Buscan declarar ganadora a Rixi Moncada sin contar ni un solo voto”, afirmó.

Cálix cuestionó la legalidad de la comisión permanente, argumentando que su existencia contraviene la prórroga de sesiones aprobada por 74 diputados hasta el 20 de enero, y que los magistrados solo pueden ser removidos según los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica Procesal Electoral, mediante una votación de 86 diputados, no a través de un antejuicio.

El legislador también denunció intentos del partido Libre de impedir su inscripción como candidato a diputado por Olancho, y subrayó que la situación trasciende su persona:

“Esto va más allá de Jorge Cálix. Lo que quieren es evitar que haya democracia y que el pueblo pueda escoger libremente a sus representantes”.

Cálix recordó su pasado vínculo con Libre, asegurando que su militancia fue un error y que hoy critica la utilización del Ministerio Público para perseguir a inocentes y proteger a corruptos.

“Yo no cambié; los que cambiaron son ellos”, concluyó.

La denuncia se produce en un contexto de alta tensión política en Honduras, con disputas sobre la legalidad de comisiones legislativas, la independencia del sistema electoral y el nombramiento de funcionarios en vísperas de las elecciones generales de noviembre de 2025.