La causa judicial relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) continúa su curso en los tribunales, donde un juez natural inició la revisión técnica de 84 medios probatorios presentados por el Ministerio Público y los equipos de defensa en la etapa preparatoria de la audiencia inicial.

De acuerdo con información proporcionada por el Poder Judicial, la fase actual consiste en determinar qué pruebas cumplen con los criterios legales de pertinencia, utilidad y legalidad, requisitos indispensables para que puedan ser admitidas formalmente en el proceso.

Esta evaluación incluye documentos financieros, informes técnicos, declaraciones testificales y otros elementos que buscan sustentar o desvirtuar las acusaciones.

El expediente, conocido públicamente como el caso “Chequesol”, involucra a una docena de personas, entre ellas la diputada Isis Cuéllar y el exfuncionario José Carlos Cardona.

Ambos, junto al resto de los señalados, enfrentan cargos vinculados a supuestos delitos de fraude en el manejo de fondos destinados a programas sociales. Según el ente acusador, los recursos bajo investigación superarían los seis millones de lempiras.

En esta etapa preliminar no se discute aún la culpabilidad o inocencia de los imputados, sino la admisibilidad de las pruebas que podrían sustentar un eventual juicio.

La defensa ha presentado decenas de documentos y testigos con el objetivo de cuestionar la acusación, mientras que la fiscalía sostiene que cuenta con suficientes elementos para demostrar inconsistencias en la administración de los fondos públicos.

Las partes también disponen del derecho a objetar las pruebas ofrecidas por su contraparte, lo que podría reducir o ampliar el conjunto de evidencias que finalmente serán consideradas en la audiencia inicial. Este proceso técnico es determinante, ya que de su resultado dependerá si el juez dicta auto de formal procesamiento, sobreseimiento provisional o definitivo.

El caso ha generado atención pública debido a la naturaleza social de los recursos presuntamente afectados, los cuales estaban orientados a beneficiar a sectores vulnerables.

Mientras avanza el análisis judicial, se mantiene la expectativa sobre la resolución que adoptará el juez en los próximos días, decisión que marcará el rumbo de uno de los procesos más comentados en la actual agenda judicial del país.