La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió que el sistema público de salud en Honduras enfrenta una crisis silenciosa pero profunda: la falta de planificación, la reducción de presupuesto y la mala ejecución en los procesos de compra de medicamentos han dejado a miles de pacientes sin los tratamientos que necesitan. La organización instó al Gobierno a diseñar e implementar de inmediato un sistema integral de compras públicas, capaz de garantizar eficiencia, transparencia y continuidad en el suministro de fármacos.

Según el análisis presentado, entre 2022 y octubre de 2025 la Secretaría de Salud (Sesal) no ejecutó L 1,885.3 millones del presupuesto asignado a la adquisición de medicamentos. Esta falta de ejecución presupuestaria ha tenido un impacto directo en la atención a pacientes y en el funcionamiento de los hospitales y centros de salud, donde se reportan constantes episodios de desabastecimiento.

La situación se ha agravado en los últimos dos años. Entre 2024 y 2025, el presupuesto destinado a medicamentos fue reducido en L 1,368.4 millones, lo que según la ASJ representa un retroceso en el derecho a la salud. La organización recomendó eliminar esta práctica de reducción y destinar el 100 % de los fondos aprobados, asegurando que cada lempira se traduzca en medicinas disponibles y tratamientos completos para los pacientes.

Durante los últimos cuatro años, el Estado mantuvo vigente un decreto de emergencia sanitaria que habilitó L 7,653 millones para compras directas. Sin embargo, pese a la disponibilidad de fondos, el Gobierno no logró establecer un sistema público de licitaciones que garantizara estabilidad y sostenibilidad en las adquisiciones. Esto ha generado dependencia de compras excepcionales y limitadas, afectando la capacidad del sistema para responder de forma oportuna.

La ASJ subraya que el problema no radica únicamente en la falta de recursos, sino en una gestión deficiente del presupuesto. La Secretaría de Salud, según el informe, no ha planificado con suficiente anticipación los procesos de compra, lo que retrasa las entregas y provoca interrupciones en los tratamientos médicos.

En el aspecto de competencia, los procesos licitatorios han tenido entre 32 y 40 oferentes, lo que representa un punto favorable para la transparencia. No obstante, la falta de coherencia en los requisitos y los constantes cambios en las condiciones han reducido la efectividad de las adjudicaciones. Un ejemplo claro es la Licitación Pública Nacional 07-2024-SESAL, donde solo se logró adjudicar el 16.3 % de los productos ofertados, pese a contar con 380 ítems en concurso y 40 proveedores habilitados.

El estudio también revela casos preocupantes de incremento en precios y volúmenes de algunos medicamentos. Uno de los ejemplos más llamativos es el de la Quetiapina (fumarato) 300 mg, cuyo pedido aumentó de 612,000 a 1.8 millones de unidades entre 2023 y 2024, con un incremento de precio del 39 %, aun cuando el proveedor era el mismo.

Estos datos, señaló la ASJ, evidencian la falta de control y monitoreo de precios de mercado por parte del Estado.

Además, una veeduría ciudadana realizada en octubre de 2025 muestra el efecto directo sobre los pacientes: solo el 49 % de los usuarios de los hospitales públicos recibe su tratamiento completo, un 39 % lo recibe de manera incompleta y un 12 % no recibe nada.

Estos porcentajes reflejan no solo la escasez de medicinas, sino también el deterioro del sistema de distribución y la poca capacidad de respuesta de las autoridades.

Ante este panorama, la ASJ propone la creación de un sistema integral de compras de medicamentos que incluya mecanismos de planificación anual, ejecución eficiente, control de precios y transparencia en cada etapa del proceso. También recomendó la creación de una base de datos pública de precios de referencia, así como un registro actualizado de las necesidades médicas no cubiertas en hospitales y centros de salud.

Finalmente, la organización enfatizó que la salud de los hondureños no puede depender de improvisaciones. Exhortó a la Secretaría de Salud a ejecutar de manera responsable los recursos asignados y a poner fin a la cultura de emergencia permanente, fortaleciendo en su lugar una gestión moderna y sostenible. “Cada lempira invertido debe convertirse en medicamentos disponibles, tratamientos continuos y vidas salvadas”, concluye el informe.