La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reiteró su llamado urgente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que emita un fallo que elimine las sucesivas ampliaciones del estado de excepción vigente en Honduras desde hace más de dos años. Nelson Castañeda, director de seguridad de la ASJ, cuestionó la legalidad de la medida, al asegurar que no ha sido ratificada recientemente por el Congreso Nacional, lo que convierte su aplicación actual en inconstitucional.

El pronunciamiento de Castañeda se produce tras la vigésima primera extensión del estado de excepción, una medida promovida por el gobierno de Xiomara Castro como parte de su política de seguridad. Sin embargo, según el director de ASJ, la extensión indefinida de esta política ha perdido su carácter temporal, violando los principios establecidos en la Constitución. “No se establece cuándo va a culminar esta medida, y eso ya nos dice que la violencia no ha sido contenida”, manifestó.

Durante este período, la violencia ha continuado sin tregua. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reportó que, en lo que va del año, se han registrado al menos 90 masacres, tres de ellas solo en la última semana. Para Castañeda, esto evidencia que la estrategia no solo es fallida, sino que está fuera de control. “Las masacres son actos sistemáticos del crimen organizado, y el Estado no ha logrado prevenir ni contener este fenómeno”, señaló.

La ASJ ya interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional y pidió nuevamente a los magistrados que resuelvan de forma pronta y oportuna. “Es hora de que la Corte le diga al Ejecutivo que está incurriendo en una ilegalidad que traerá serias consecuencias al país a futuro”, concluyó Castañeda, quien considera que mantener el estado de excepción sin control legal ni resultados tangibles representa una amenaza a los derechos ciudadanos y al orden democrático.