Un reciente análisis de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) expuso un preocupante desbalance en la ejecución del Presupuesto General de la República 2025: el gobierno ha incrementado significativamente los recursos destinados a publicidad, bonos y salarios, mientras se reducen los fondos para áreas esenciales como salud y educación.

Según el informe, elaborado a partir de datos oficiales de la Secretaría de Finanzas, las modificaciones presupuestarias han priorizado el gasto corriente y las transferencias monetarias, dejando en segundo plano la inversión en servicios públicos básicos.

La línea de publicidad y propaganda gubernamental aumentó un 72.8 %, alcanzando 1,061 millones de lempiras. Para dimensionar la cifra, equivale al 67 % del presupuesto nacional para medicamentos y sería suficiente para dotar de textos escolares a más de 1.8 millones de alumnos.

El estudio también destaca que dos instituciones concentran el 84 % del gasto en publicidad: la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), con 762.7 millones de lempiras, y el Instituto de la Propiedad, con 124.5 millones. Desde su creación en 2022, la SPE ha multiplicado su presupuesto más de doce veces, y casi la mitad de su presupuesto actual se destina a propaganda.

La ASJ señala además la existencia de contrataciones directas autorizadas mediante el Decreto Ejecutivo 001-2023, que permiten a la Dirección General de Información y Prensa dependiente de la SPE— adjudicar servicios sin licitación. Entre las beneficiadas figura Nextcentral, empresa de reciente creación (2024) que también figura como encuestadora oficial registrada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para los comicios primarios de 2025.

La firma ha recibido pagos por 27.2 millones de lempiras, aunque se desconoce el monto total del contrato. Uno de sus fundadores es extranjero, y su representante legal ocupa un cargo público, lo que inhabilita legalmente a la empresa para contratar con el Estado.

Mientras los fondos en publicidad crecen, el informe advierte recortes sustanciales en medicamentos (-30 %), hemodiálisis (-25 %) y en transferencias a centros educativos municipales (-100 %). Estas disminuciones afectan directamente la calidad de los servicios de salud y educación, y podrían agravar la precariedad en comunidades vulnerables.

Ante este panorama, la ASJ exhortó al Ejecutivo a reorientar los recursos hacia sectores prioritarios, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y establecer una ley que regule la publicidad estatal, especialmente en períodos electorales.

“El gasto público debe responder a las necesidades de la población, no a intereses políticos o de imagen”, advirtió la organización, recordando que el objetivo central del presupuesto nacional debe ser mejorar la calidad de vida de los hondureños.