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ASJ cuestiona prolongación del estado de excepción en pleno año electoral

18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025

El debate sobre la vigencia del estado de excepción en Honduras volvió a encenderse luego de que Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), advirtiera que la medida amenaza con convertirse en un régimen permanente y podría afectar directamente el clima electoral de noviembre de 2025.

 

Castañeda señaló que la población no desea acudir a las urnas bajo un escenario de suspensión parcial de garantías. “Los hondureños no quieren llegar a un proceso electoral en noviembre bajo un estado de excepción”, enfatizó, recalcando que esta figura, concebida como transitoria, ha perdido su carácter excepcional tras más de veinte ampliaciones consecutivas.

 

El representante de la ASJ denunció que el uso prolongado de este mecanismo no ha resuelto de manera efectiva los problemas de seguridad y que, por el contrario, abre la puerta a vulneraciones de derechos humanos. “Todos los estados de excepción que no han sido ratificados por el Congreso Nacional son ilegales, y toda actuación en ese marco constituye una violación”, aseguró.

 

En sus declaraciones, también cuestionó la falta de resultados tangibles. Explicó que muchas detenciones realizadas durante estas operaciones no concluyen en requerimientos fiscales, lo que evidencia la ausencia de políticas públicas integrales.

“Se sigue capturando gente sin resultados judiciales efectivos, mientras aumentan la extorsión, los homicidios, los feminicidios y las masacres”, advirtió.

 

El dirigente fue más allá al afirmar que la situación del país era “más manejable antes de la implementación del estado de excepción”, ya que hoy en día con 23 prórrogas acumuladas los indicadores de violencia y violación a derechos ciudadanos continúan en aumento.

 

Finalmente, Castañeda hizo un llamado al Gobierno y al sistema de justicia a diseñar respuestas sostenibles frente a la criminalidad, con medidas de seguridad más integrales y menos restrictivas. “La responsabilidad de garantizar la seguridad existe, pero no a través de un fallido estado de excepción”, concluyó.

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