La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) encendió las alarmas ante una profunda crisis en el sistema de adquisición de medicamentos en el país, señalando que la falta de planificación, los recortes presupuestarios y las deficiencias en los procesos de compra están comprometiendo el acceso a fármacos esenciales en hospitales y centros de salud públicos.

El análisis de la organización revela que, durante los últimos cuatro años, el gobierno destinó 7,653 millones de lempiras mediante un decreto de emergencia sanitaria, sin que se implementara un mecanismo transparente de licitación pública.

Esta falta de control habría permitido la continuidad de compras fragmentadas, sobrecostos y atrasos en la entrega de medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas y agudas.

De acuerdo con el informe de la ASJ, entre 2022 y octubre de 2025, no se ejecutaron 1,885.3 millones de lempiras asignados al rubro de medicamentos, mientras que entre 2024 y 2025 se aplicaron recortes por 1,368.4 millones, afectando directamente la capacidad de abastecimiento del sistema sanitario. “El problema no es solo la falta de dinero, sino la mala gestión y la ausencia de un plan de compras sostenible”, advirtió la organización.

El informe también destaca que las instituciones públicas encargadas de la adquisición y distribución de fármacos carecen de un sistema unificado que permita prever la demanda, controlar inventarios y monitorear los precios. Esto genera que los hospitales se vean forzados a recurrir a compras de emergencia o donaciones, exponiendo a los pacientes a interrupciones en sus tratamientos.

La ASJ instó al Estado a diseñar un sistema integral de compras farmacéuticas, con criterios de planificación a largo plazo, control de precios, ejecución eficiente y mecanismos de transparencia que garanticen la entrega oportuna de los medicamentos. “El país necesita pasar de la improvisación a una gestión profesional de los recursos de salud.

No se puede seguir administrando la emergencia como política permanente”, enfatizó el organismo.

Especialistas en salud pública consultados coincidieron con el diagnóstico, señalando que la crisis farmacéutica no solo responde a la escasez presupuestaria, sino también a la debilidad institucional y la falta de rendición de cuentas. Algunos hospitales regionales han reportado que, debido a la falta de medicamentos básicos, se han tenido que suspender cirugías o limitar la atención de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y cáncer.

La ASJ reiteró su disposición de colaborar con el gobierno y el Congreso Nacional para la elaboración de una Ley de Compras Públicas en Salud que establezca reglas claras, transparencia y sanciones por incumplimiento. “El acceso a medicamentos no es un privilegio, es un derecho que el Estado debe garantizar”, concluyó la organización.