El Gobierno de Honduras emitió una instrucción oficial este martes que obliga a que todas las contrataciones de personal dentro del Poder Ejecutivo sean autorizadas previamente por el presidente Nasry Juan Asfura Zablah o, de no ser posible, por el Coordinador General de Gabinete y Secretario Privado de la Presidencia.

La disposición se produce en las primeras semanas de la gestión de Asfura, quien asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2026, tras un proceso electoral estrecho y con una agenda marcada por la reorganización del Estado y la promoción de políticas de austeridad y eficiencia administrativa.

La medida fue establecida a través de una circular interna dirigida a ministros, directores y demás funcionarios de las instituciones estatales, con el objetivo de que ningún nombramiento, ascenso, reubicación de plazas, renovación de contratos, contrataciones de servicios profesionales o consultorías pueda formalizarse sin el visto bueno del Ejecutivo.

Según el documento, esta directriz responde a la necesidad de asegurar la legalidad, el control del gasto público, la austeridad administrativa y una gestión eficiente de los recursos humanos del Estado. La disposición también alcanza las solicitudes de licencias remuneradas y no remuneradas bajo la Ley del Servicio Civil y otras normativas vigentes.

La aplicación de esta política es obligatoria para todas las unidades del Ejecutivo y busca centralizar el control sobre los movimientos de personal, ante la decisión del presidente Asfura de reorganizar internamente la administración pública y priorizar el manejo responsable de los fondos del Estado.

Funcionarios del sector público deberán ahora remitir cada propuesta de contratación o cambio de personal a la Presidencia o a la oficina del Secretario Privado, lo que implicará una revisión previa antes de ejecutar cualquier proceso de selección o formalización de contratos.

Desde su toma de posesión, el mandatario ha manifestado la intención de optimizar el uso de recursos públicos y de replantear la estructura del gobierno para reducir gastos innecesarios, fortalecer servicios esenciales y reorientar el presupuesto hacia prioridades como salud, educación e inversión social.

La nueva restricción a las contrataciones también se alinea con otros esfuerzos del Ejecutivo por promover mayor control y supervisión en la administración pública, mientras enfrenta expectativas de distintos sectores sobre la eficiencia y la transparencia en la función pública.