La preocupación internacional por la situación de la libertad de prensa en Honduras volvió a intensificarse tras un pronunciamiento conjunto de varias organizaciones dedicadas a la defensa del periodismo. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto a RSF, CPJ, Artículo 19, Free Press Unlimited, IFEX-LAC, FLIP y PEN Internacional, denunció un acelerado deterioro en las condiciones de trabajo para reporteros y medios en el marco previo a las elecciones generales del 30 de noviembre.

El comunicado advierte que el ambiente ya tenso por la coyuntura electoral se ha transformado en un escenario de hostigamiento, estigmatización y amenazas, especialmente para periodistas que investigan temas vinculados a corrupción, crimen organizado o dinámicas políticas.

Las organizaciones señalan que este patrón, lejos de ser aislado, viene acumulándose desde inicios de año con señales preocupantes.

Uno de los elementos que más alarma ha generado es el papel que han tomado altos mandos militares en la confrontación con la prensa. En las últimas semanas, voceros castrenses acusaron a varios medios de promover “campañas mediáticas disfrazadas de periodismo” y sugirieron supuestos nexos entre reporteros y redes criminales. Esta narrativa según las organizaciones busca desacreditar el trabajo informativo y genera un ambiente contrario a los estándares internacionales de libertad de expresión.

La SIP recordó que este clima no es nuevo. En febrero, una acción judicial intentó obligar a 12 medios nacionales a revelar sus fuentes, un precedente considerado especialmente grave por las organizaciones defensoras de derechos humanos.

A ello se sumó que, en mayo, un medio oficial militar calificó a periodistas como “sicarios de la verdad”, reforzando la percepción de una estrategia de intimidación institucionalizada.

Los casos concretos también abundan. El medio digital Criterio.hn denunció recientemente la intervención de sus cuentas, ataques de desprestigio y acciones judiciales contra su equipo. Estas situaciones, según las organizaciones, evidencian un patrón sostenido que compromete la libertad de prensa y limita la capacidad de la ciudadanía para acceder a información independiente.

Las entidades firmantes recordaron que la libertad de expresión es un derecho protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que obliga al Estado hondureño a garantizar un entorno seguro y libre para el ejercicio periodístico. En ese sentido, instaron a las Fuerzas Armadas a mantener su subordinación al poder civil y abstenerse de realizar pronunciamientos de carácter político o descalificador.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había emitido instrucciones en esa línea semanas atrás, ordenando al general Roosevelt Hernández evitar declaraciones sobre asuntos electorales y subrayando que cualquier actuación castrense debe mantenerse bajo coordinación estricta con las autoridades electorales para prevenir interferencias.

Las organizaciones anunciaron que continuarán monitoreando la situación de cerca, advirtiendo que el deterioro del clima para la prensa no solo afecta a los periodistas, sino que limita el derecho de la población a informarse en un momento decisivo para el país.