En medio de la incertidumbre post-electoral en Honduras, varias fuentes políticas y analistas han encendido las alarmas ante un posible enfrentamiento institucional tras una decisión del Ejecutivo que podría cambiar el rumbo de la crisis en curso.

Según informes no oficiales, la presidenta Xiomara Castro convocó al Consejo de Ministros con el presunto objetivo de instruir al jefe de las Fuerzas Armadas a entregar todo el material electoral al Ministerio Público (MP) una vez que este haya emitido una orden de aseguramiento de urnas y actas, lo que podría desencadenar un choque directo entre poderes del Estado.

El tema surge en un ambiente político marcado por tensiones tras las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en las que se han presentado recursos legales y desacuerdos sobre la custodia del material electoral. En este escenario, la actuación de las Fuerzas Armadas y las decisiones del Ejecutivo se han convertido en un punto sensible, mientras distintos sectores insisten en la necesidad de respetar el marco constitucional y preservar la estabilidad institucional del país.

De acuerdo con estas versiones, si el alto mando militar se negara a acatar dicha instrucción, el Ejecutivo podría proceder a su destitución inmediata, una acción que analistas comparan con episodios pasados de confrontación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas, y que advierten podría derivar en una crisis institucional de gran magnitud.

Fuentes citadas por medios locales sostienen que esta eventual medida formaría parte de un plan más amplio que permitiría al Gobierno y a sectores aliados acceder al material electoral, con el argumento de respaldar acciones legales. Sus críticos, sin embargo, consideran que ello podría vulnerar competencias de los organismos electorales y abrir la puerta a interpretaciones que afecten la credibilidad de los resultados.

Especialistas en derecho constitucional han expresado preocupación por el impacto que este escenario tendría sobre la separación de poderes y la estabilidad democrática, especialmente si se interpreta como una intromisión en funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Organizaciones civiles y observadores internacionales han sido alertados para dar seguimiento a la situación.