El Sistema Nacional de Emergencia 911 anunció el inicio de un proceso de revisión interna luego de detectar inconsistencias administrativas tras el cambio de autoridades en la institución. La medida, según un comunicado oficial, busca garantizar la legalidad de los procedimientos y fortalecer la operatividad de una entidad clave dentro del sistema de seguridad nacional.

La institución recordó que, mediante decretos ejecutivos emitidos en 2023 y sus respectivas prórrogas en 2024 y 2025, se estableció una Comisión Interventora cuya vigencia se extendió hasta finales de febrero de 2026. Durante ese período, dicha comisión mantuvo facultades para la administración contractual y la conducción institucional.

Sin embargo, con la llegada de la nueva administración se constató que los tres miembros de la comisión dejaron sus cargos, situación que, según el informe, provocó un escenario de precariedad administrativa.

Las autoridades señalaron que la falta de un proceso de transición formal generó vacíos en distintas áreas, particularmente en la Dirección de Talento Humano, donde se identificaron expedientes incompletos, documentación irregular y acuerdos que carecerían de respaldo jurídico suficiente.

Además, se informó sobre la existencia de ciertos instrumentos administrativos presuntamente suscritos en favor de empleados específicos, lo que ha despertado dudas sobre su legalidad y trazabilidad. Ante este panorama, la administración actual determinó poner en marcha una verificación exhaustiva del personal vinculado a la institución, con el objetivo de confirmar el cumplimiento de requisitos de ingreso, evaluaciones técnicas y pruebas de confianza.

El 911 subrayó que, por su rol estratégico en la articulación de respuestas ante emergencias y en la coordinación con otras entidades de seguridad pública, está obligado a garantizar estándares rigurosos en la selección y certificación de su recurso humano. La revisión, aseguran, no pretende debilitar la institución, sino consolidar su integridad operativa.

Finalmente, las autoridades reafirmaron su compromiso de mantener un cuerpo de trabajo capacitado y confiable que respalde la misión central del sistema: proteger vidas y bienes, así como fortalecer la confianza ciudadana en el servicio de atención de emergencias en Honduras.