Zelaya se defiende y tilda proceso de político
El fiscal general suspendido, Johel Zelaya, compareció ante la comisión especial del Congreso Nacional que conoce el juicio político en su contra, en una audiencia marcada por un discurso de defensa en el que rechazó las acusaciones y cuestionó el trasfondo del proceso.
25 de marzo de 2026
El fiscal general suspendido, Johel Zelaya, compareció ante la comisión especial del Congreso Nacional que conoce el juicio político en su contra, en una audiencia marcada por un discurso de defensa en el que rechazó las acusaciones y cuestionó el trasfondo del proceso.
El Congreso Nacional aprobó recientemente la apertura de un juicio político contra Zelaya, lo que derivó en su suspensión temporal del cargo mientras se desarrolla la investigación correspondiente.
Durante su intervención, Zelaya aseguró que la denuncia presentada en su contra responde a intereses políticos y no a hechos jurídicos, insistiendo en que sus actuaciones se han mantenido dentro del marco de la ley. Entre sus declaraciones más destacadas, sostuvo que el proceso carece de imparcialidad y que busca afectar su gestión al frente del Ministerio Público.
El funcionario acudió sin acompañamiento legal a la audiencia inicial, en la que se le dio lectura a un documento de varias páginas con los señalamientos que motivaron la apertura del juicio político. En ese contexto, reiteró que enfrentará el proceso con serenidad y que responderá punto por punto a las acusaciones.
Asimismo, defendió su postura como garante de la legalidad y afirmó que no actuará bajo presiones de ningún sector político, en medio de un ambiente de tensión dentro del Legislativo.
La comparecencia también estuvo marcada por momentos de intercambio con diputados, reflejando la polarización que rodea el caso y el interés político que ha generado a nivel nacional.
El proceso surge tras denuncias relacionadas con su desempeño al frente del Ministerio Público, en un escenario de alta confrontación entre actores políticos. La comisión legislativa deberá analizar pruebas, escuchar testigos y emitir una recomendación final al pleno del Congreso.
Este caso se perfila como uno de los más relevantes en la actual coyuntura institucional del país, ya que podría sentar precedentes sobre la aplicación del mecanismo de juicio político y el equilibrio de poderes en Honduras.
