Zelaya enfrenta juicio político sin temor
La decisión legislativa activó un mecanismo que busca determinar posibles responsabilidades en el ejercicio de su cargo, dentro de un contexto marcado por fuertes divisiones entre bancadas.
24 de marzo de 2026
El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, reaccionó ante el proceso de juicio político aprobado en su contra por el Congreso Nacional, asegurando que no teme enfrentar el procedimiento y que está dispuesto a comparecer ante el pleno legislativo para defender su gestión.
Johel Zelaya se desempeñó como fiscal general de Honduras desde 2023, en un período marcado por controversias políticas y decisiones vinculadas a procesos electorales y judiciales.
En sus declaraciones, el funcionario sostuvo que acudirá a las instancias correspondientes para exponer sus argumentos, enfatizando que su actuar ha estado enmarcado dentro de la legalidad. Dejó claro que el proceso no lo intimida y reiteró su disposición de responder ante los señalamientos que motivaron la apertura del juicio político.
El pronunciamiento surge luego de que el Congreso diera trámite a la denuncia en su contra, en medio de un ambiente de alta tensión política. La decisión legislativa activó un mecanismo que busca determinar posibles responsabilidades en el ejercicio de su cargo, dentro de un contexto marcado por fuertes divisiones entre bancadas.
Zelaya también defendió su permanencia en el cargo, recordando que fue electo para cumplir un período definido, y subrayó que su trabajo ha estado orientado a combatir la corrupción y fortalecer el Ministerio Público. En ese sentido, insistió en que afrontará el proceso con firmeza y sin retroceder en sus funciones.
El caso ha generado diversas reacciones en el ámbito político, donde algunos sectores respaldan la decisión del Congreso como un mecanismo de control institucional, mientras otros cuestionan las motivaciones del proceso, señalando posibles intereses políticos detrás de la medida.
De acuerdo con el procedimiento legislativo, tras la admisión de la denuncia se contempla la conformación de una comisión especial que analizará el caso y presentará un informe, el cual será clave para determinar la continuidad o eventual destitución del funcionario.
El juicio político es un mecanismo constitucional que permite al Congreso evaluar el desempeño de altos funcionarios del Estado. En Honduras, su aplicación ha cobrado relevancia en un escenario de creciente polarización política, donde las instituciones enfrentan constantes desafíos en materia de gobernabilidad y equilibrio de poderes.
