Zambrano: Sin mayoría calificada no avanzará juicio político
La discusión sobre el uso del juicio político en Honduras continúa abierta, reflejando la complejidad de los equilibrios de poder en el nuevo Congreso y la necesidad de contar con consensos sólidos para avanzar en mecanismos constitucionales de control y rendición de cuentas.
27 de febrero de 2026
El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, advirtió que cualquier intento de impulsar un juicio político contra altos funcionarios quedará estancado si no se logra la mayoría calificada de 86 votos en el pleno, un requisito constitucional indispensable para que este tipo de procesos pueda avanzar en la Cámara Legislativa.
Durante su intervención, Zambrano hizo un llamado a la prudencia y al cumplimiento estricto de la ley, al mismo tiempo que enfatizó que el procedimiento aunque está contemplado en la Constitución desde 2013 nunca ha sido utilizado en Honduras desde su adopción, por lo que debe manejarse con responsabilidad y sin reacciones impulsivas.
El titular del Legislativo explicó cómo funciona este mecanismo: primero debe presentarse una denuncia formal ante el Congreso; luego, si se logra el respaldo de al menos 86 diputados, la Cámara admite el caso, se suspende temporalmente al funcionario investigado y se designa una comisión especial de investigación.
Esta comisión recibe pruebas, llama a testigos y elabora un informe que regresará al pleno para decidir si procede la destitución.
Zambrano subrayó que, si en una votación inicial no se obtiene el quórum requerido, el mismo funcionario no podrá ser sometido nuevamente a juicio político hasta que pase al menos un año o la siguiente legislatura, una medida que pretende evitar que esta herramienta se utilice de manera frívola o como retaliación política.
La advertencia del presidente del Congreso se produce en medio de un ambiente político tenso, en el que varios sectores y algunos parlamentarios han propuesto activar juicios políticos contra funcionarios que, según ellos, han actuado de forma contraria a la ley o han atentado contra la estabilidad democrática del país tras las recientes elecciones generales.
Zambrano también insistió en que estos procesos deben realizarse con apego a la Constitución y con seriedad jurídica, evitando decisiones nacidas del “resentimiento o la emotividad”, y recordó que existe además un papel complementario para los operadores de justicia si se determinan posibles responsabilidades penales en los hechos que sean investigados.
La discusión sobre el uso del juicio político en Honduras continúa abierta, reflejando la complejidad de los equilibrios de poder en el nuevo Congreso y la necesidad de contar con consensos sólidos para avanzar en mecanismos constitucionales de control y rendición de cuentas.
