Vicepresidenta electa pide juicio político contra el fiscal general
El pedido de juicio político se inscribe en medio de un clima de tensiones políticas producto de un proceso electoral marcado por denuncias de irregularidades, impugnaciones y cuestionamientos cruzados entre las principales fuerzas políticas del país.
6 de enero de 2026
La vicepresidenta electa de Honduras hizo un llamado público este miércoles para que se tramite un juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya, argumentando preocupaciones por su desempeño durante el proceso postelectoral y en la conducción de investigaciones vinculadas a las elecciones de noviembre de 2025.
La mandataria electa cuestionó la actuación de Zelaya por lo que consideró decisiones y acciones impropias del cargo, especialmente en lo relativo a las investigaciones y la forma en que se han manejado diversas denuncias y recursos ante el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Según sus declaraciones, estos actos habrían sobrepasado los límites institucionales y merecen ser examinados por el Congreso Nacional, que es la instancia competente para conocer un juicio político bajo la Constitución hondureña.
El pedido de juicio político se inscribe en medio de un clima de tensiones políticas producto de un proceso electoral marcado por denuncias de irregularidades, impugnaciones y cuestionamientos cruzados entre las principales fuerzas políticas del país, tanto en la etapa de votación como en el conteo y proclamación de resultados.
Johel Zelaya, quien ocupa el cargo de fiscal general desde el 1 de noviembre de 2023, ha defendido públicamente su gestión en varias ocasiones, señalando que su institución actúa con apego a la ley y que presentará requerimientos fiscales cuando existan fundamentos sólidos para ello, sin importar afiliaciones políticas.
Sin embargo, Zelaya también ha enfrentado críticas de distintos sectores, incluidos actores políticos que lo acusan de parcialidad o de influir indebidamente en procesos sensibles relacionados con el escrutinio electoral. Algunos de estos señalamientos han sido elevados por exfuncionarios y líderes de oposición, quienes consideran que su desempeño ha contribuido a la polarización del ambiente político.
El procedimiento de juicio político en Honduras está regulado por la Constitución y la Ley Especial de Juicio Político, que establece que el Congreso Nacional puede iniciar un proceso de destitución contra altos servidores públicos cuando existan presuntas faltas graves en el ejercicio del cargo. Este proceso implica etapas de investigación, votación y, eventualmente, sanciones si se encuentra responsabilidad.
La petición formal ahora se dirige a los diputados que asumirán funciones en el nuevo periodo legislativo, quienes deberán decidir si inician o no el trámite. Esta demanda se suma a otras disputas surgidas en las últimas semanas en torno a la supervisión del proceso electoral, su transparencia y la actuación de instituciones clave como el Ministerio Público y los órganos electorales.
