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La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, salió al paso este día para cuestionar públicamente el reciente informe policial que reportó “cero homicidios” en el país, señalando que estas cifras carecen de respaldo técnico y validación en tiempo real con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Villanueva advirtió que esta aparente manipulación estadística pone en riesgo la formulación y ejecución de políticas de seguridad ciudadana efectivas. “La seguridad no puede convertirse en un instrumento político ni en una bandera para encubrir realidades”, enfatizó la funcionaria.

Según la subsecretaria, los datos presentados por la Policía Nacional, a través de la Dirección de la Secretaría de Seguridad (SEPOL), carecen de verificación independiente y excluyen casos que incluyen homicidios, accidentes y suicidios con investigaciones deficientes. “Me gustaría que fuera verdad, pero la violencia continúa cobrando vidas todos los días y esos casos deben ser contabilizados para reflejar la verdadera situación”, señaló.

Villanueva también denunció que en varias regiones del país, como Olancho, Intibucá, Copán y Gracias a Dios, los cuerpos de víctimas de muertes violentas son levantados por sus familiares sin la intervención o registro oficial de las autoridades, lo cual genera una subestimación considerable en las cifras oficiales.

La funcionaria cuestionó además el manejo de casos sensibles como femicidios y muertes de menores, donde la pronta remoción de cuerpos por los familiares obliga a la Fiscalía a realizar exhumaciones posteriores para investigaciones legales. “¿Están esas exhumaciones incluidas en las estadísticas oficiales? ¿Cuántas se han realizado en los últimos cuatro años y medio? ¿Con qué resultados?”, planteó.

Finalmente, Villanueva criticó la gestión actual de la Secretaría de Seguridad y el control centralizado de la información desde que Gustavo Sánchez asumió el cargo, señalando que esta concentración de datos ha servido para justificar el estado de excepción vigente y consolidar una narrativa oficial que no corresponde con la realidad en terreno.

Esta denuncia genera un debate importante sobre la transparencia en la publicación de datos oficiales y la necesidad de contar con estadísticas fidedignas para abordar la crisis de violencia en Honduras.