Viceministra acusa a ministro de Seguridad de omisión y favorecer al crimen
A raíz de estas acusaciones, algunos sectores políticos y organizaciones civiles han pedido una investigación independiente para verificar las acusaciones vertidas por la viceministra y evaluar si existen prácticas que han debilitado la respuesta estatal frente al crimen organizado.
31 de diciembre de 2025
La viceministra de Seguridad de Honduras, Julissa Villanueva, lanzó fuertes críticas contra el ministro del ramo, Gustavo Sánchez Velázquez, acusándolo de mantener una gestión marcada por la omisión de responsabilidades y un supuesto favoritismo hacia estructuras del crimen organizado, declaraciones que intensifican el debate sobre la capacidad institucional para combatir la violencia en el país centroamericano.
En una conferencia de prensa en Tegucigalpa, Villanueva señaló que se desliga por completo de las decisiones y acciones del ministro Sánchez, a quien definió como responsable de políticas equivocadas que no han atendido de manera eficaz la seguridad ciudadana ni la lucha contra grupos delictivos.
Según la funcionaria, la actual estructura de la Policía Nacional necesita una depuración profunda, que incluso debería abarcar “hasta cuatro generaciones” de miembros, con el fin de eliminar influencias y vínculos con el crimen organizado que, a su juicio, han permeado la institución y socavan su funcionamiento.
Villanueva también enfatizó en la necesidad de una auditoría exhaustiva del uso de recursos públicos en la Secretaría de Seguridad, señalando gastos elevados en rubros como vehículos de lujo o el financiamiento de un equipo de fútbol policial, que, según ella, podrían ocultar prácticas de lavado de activos en lugar de atender prioridades básicas de seguridad.
En el contexto de estos señalamientos, la viceministra aseguró que desea facilitar información detallada a la próxima administración para impulsar reformas estructurales en el organismo y aclarar el historial de ascensos de oficiales que, según su criterio, han favorecido la criminalidad organizada desde dentro de la institución.
La crisis en la Secretaría de Seguridad se produce en medio de preocupaciones públicas por los altos niveles de violencia en Honduras, donde informes internacionales colocan al país entre los más afectados por la criminalidad regional. Esto ha generado presión tanto interna como internacional para reforzar la capacidad institucional de garantizar la seguridad y el Estado de derecho.
El señalamiento de Villanueva también llega en un momento en el que otros actores y organismos han cuestionado la estrategia de seguridad y la transparencia de cifras oficiales presentadas por las autoridades, en medio de reclamos de una lucha más consistente contra delitos como extorsión, homicidios y tráfico de drogas.
A raíz de estas acusaciones, algunos sectores políticos y organizaciones civiles han pedido una investigación independiente para verificar las acusaciones vertidas por la viceministra y evaluar si existen prácticas que han debilitado la respuesta estatal frente al crimen organizado.
Con las elecciones generales y el proceso de transición en marcha en el país, estos señalamientos representan un desafío adicional para las nuevas autoridades, que deberán enfrentar la agenda de seguridad pública en un entorno de alta expectativa ciudadana sobre el combate a la violencia y el fortalecimiento institucional.
