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Autoridades de protección al consumidor, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron operativos de inspección en distintos puntos de venta de gas LPG doméstico para confirmar su disponibilidad y condiciones de comercialización, concluyendo que el suministro se mantiene estable.

Las acciones fueron encabezadas por el director de Protección al Consumidor, Danilo Lou, junto a personal de la Fiscalía del Consumidor, como parte de los mecanismos de vigilancia ante posibles irregularidades en productos de alta demanda para los hogares hondureños, especialmente en escenarios donde el consumo energético doméstico suele incrementarse.

Durante los recorridos, los equipos técnicos verificaron la presencia de cilindros en distribuidores y comercios autorizados, constatando que el producto se encuentra accesible para la población en general. Las inspecciones incluyeron la revisión de inventarios, condiciones de almacenamiento y cumplimiento de normas básicas de seguridad en los puntos de venta.

Asimismo, se confirmó que los precios aplicados corresponden a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Energía, sin detectarse incrementos injustificados ni prácticas especulativas. Este aspecto fue considerado clave por las autoridades para garantizar que el consumidor final no sea afectado por variaciones indebidas en un producto esencial.

En cuanto al abastecimiento, se determinó que existe suficiente gas LPG para cubrir la demanda doméstica actual, lo que brinda un margen de tranquilidad en el corto plazo. Los encargados del operativo indicaron que la cadena de distribución mantiene un flujo regular, permitiendo la reposición constante en los distintos establecimientos supervisados.

Adicionalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a adquirir el producto únicamente en puntos autorizados, con el fin de asegurar tanto la calidad como la correcta manipulación de los cilindros, evitando riesgos asociados a prácticas informales.

Finalmente, se informó que estos operativos continuarán desarrollándose de manera periódica en diferentes zonas del país, como parte de una estrategia preventiva orientada a garantizar condiciones justas de mercado, proteger los derechos de los consumidores y asegurar el acceso continuo a insumos básicos en los hogares hondureños.