Vence estado de excepción en Honduras en medio de críticas y dudas sobre su efectividad
El decreto, implementado inicialmente para frenar la extorsión y el crimen organizado, suspende garantías como la libertad de circulación, el derecho a la reunión pacífica y la inviolabilidad del domicilio.
16 de agosto de 2025
Este sábado concluye la última prórroga del estado de excepción decretado por el gobierno desde diciembre de 2022, una medida que ha sido extendida en 22 ocasiones y que sigue generando fuertes cuestionamientos por su impacto limitado en la seguridad ciudadana y por las restricciones a los derechos fundamentales.
El decreto, implementado inicialmente para frenar la extorsión y el crimen organizado, suspende garantías como la libertad de circulación, el derecho a la reunión pacífica y la inviolabilidad del domicilio. Sin embargo, informes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) indican que más de 384 mil hogares hondureños continúan afectados por la extorsión, mientras la violencia contra mujeres y jóvenes se mantiene en niveles alarmantes.
Diversos sectores sociales, defensores de derechos humanos y organismos internacionales, entre ellos la ONU, han expresado su preocupación porque la medida se ha convertido en una práctica casi permanente. La organización Cristosal advirtió que la continuidad del estado de excepción en un año electoral podría restar legitimidad al proceso democrático.
Además, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registra más de 800 denuncias de abusos cometidos por cuerpos de seguridad bajo la cobertura de este régimen, que van desde detenciones arbitrarias y allanamientos irregulares hasta denuncias de tortura.
Aunque las autoridades de seguridad defienden la estrategia como un mecanismo para combatir estructuras criminales, especialistas insisten en que el impacto es limitado y que su uso prolongado vulnera garantías constitucionales. Analistas señalan que la medida, en lugar de ser temporal y focalizada, se ha normalizado como un instrumento de control que erosiona el Estado de derecho.
Con más de mil días de vigencia acumulada, el futuro del estado de excepción dependerá de las decisiones del Ejecutivo durante los próximos meses, en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 y por el debate nacional sobre la seguridad y el respeto a las libertades ciudadanas.
