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Un juez determinó sustituir la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario para el exdiputado suplente Víctor Hugo Romero, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en un caso de asesinato. La resolución fue emitida luego de una audiencia de revisión de medidas solicitada por la defensa del exparlamentario.

Romero, quien ocupó una diputación suplente por el departamento de Copán bajo la bandera del partido Libertad y Refundación (Libre), había sido enviado a prisión preventiva tras ser detenido junto a otras personas por una investigación relacionada con un hecho violento ocurrido en esa zona del país.

La defensa del exfuncionario presentó ante el juzgado una solicitud para modificar las medidas cautelares, argumentando que existían condiciones para que pudiera continuar el proceso bajo una modalidad diferente a la privación de libertad.

La petición fue analizada por una jueza con jurisdicción nacional, quien finalmente resolvió otorgar el cambio de medida.

De acuerdo con la resolución judicial, Romero deberá permanecer bajo arresto domiciliario y estará sujeto a vigilancia policial mientras continúa el proceso penal en su contra.

Además, el tribunal aceptó una garantía económica presentada por la defensa como parte de las condiciones establecidas para sustituir la prisión preventiva.

El Ministerio Público mantiene las investigaciones por la presunta comisión de delitos relacionados con asesinato y otros hechos asociados al expediente.

La acusación deberá continuar su curso en las siguientes etapas judiciales, donde se analizarán las pruebas presentadas por las partes involucradas.

El exdiputado fue capturado en junio pasado junto a otros tres hombres durante operativos realizados en los departamentos de Copán y zonas cercanas, como parte de una investigación que lo vinculaba con un homicidio y otros delitos señalados por las autoridades.

La decisión judicial generó atención debido a la trayectoria política de Romero y a la naturaleza del caso que enfrenta. La defensa sostiene que su representado debe continuar el proceso respetando sus derechos legales, mientras que las autoridades mantienen activa la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho denunciado.

Con el cambio de medida cautelar, el exparlamentario seguirá vinculado al proceso judicial desde su residencia, a la espera de las próximas audiencias en las que se definirá la evolución del expediente y las responsabilidades que puedan establecerse conforme avance la investigación.