Víctimas de Koriun exigen al Gobierno respuestas y devolución de fondos
La protesta, que se desarrolló de manera mayoritariamente pacífica en la ciudad de Choloma, estuvo marcada por consignas de frustración e incertidumbre. “La lucha sigue en las calles, de forma pacífica hasta ahora, pero no sabemos qué pasará después”.
10 de enero de 2026
Decenas de personas afectadas por el caso Koriun Inversiones volvieron a tomar las calles este viernes para demandar al gobierno de Honduras una solución concreta que les permita recuperar el dinero que perdieron tras el colapso de la empresa, denunciada como una estafa tipo Ponzi.
Los manifestantes dirigieron un mensaje directo a la presidenta Xiomara Castro, instándola a “despedirse con honor” cumpliendo compromisos aún no materializados.
La protesta, que se desarrolló de manera mayoritariamente pacífica en la ciudad de Choloma, estuvo marcada por consignas de frustración e incertidumbre. “La lucha sigue en las calles, de forma pacífica hasta ahora, pero no sabemos qué pasará después”, dijo uno de los afectados, reflejando el hartazgo de miles de inversionistas que llevan meses sin recuperar sus aportes.
El caso Koriun salió a la luz en abril de 2025, cuando las autoridades intervinieron las instalaciones de la empresa y comenzaron investigaciones por operar sin licencia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), ofreciendo rendimientos extraordinariamente altos que resultaron insostenibles. La firma captó fondos de miles de personas en al menos siete departamentos del país antes de que colapsara, dejando a muchos con pérdidas significativas.
En el operativo inicial, el Ministerio Público (MP) junto a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la ATIC aseguraron bienes, vehículos y cuentas vinculadas a Koriun Inversiones, encontrando millones de lempiras en dinero en efectivo y depósitos bancarios. Actualmente, cuatro personas enfrentan procesos judiciales por presuntos delitos de lavado de activos y asociación para delinquir en relación con el caso.
Los manifestantes han insistido en que el Estado posee recursos decomisados que podrían destinarse a compensar a los afectados, y criticaron lo que perciben como falta de avances tangibles por parte de las autoridades tras varios compromisos iniciales de apoyo. “Necesitamos nuestro dinero, ¿ya se olvidaron de esto?”, clamó uno de los participantes en la movilización, en clara alusión a promesas hechas por funcionarios.
Desde el estallido del caso, las protestas y reclamaciones no han cesado, y los inversionistas han advertido que continuarán con acciones públicas hasta lograr respuestas y mecanismos que permitan la devolución de sus fondos.
Además de las manifestaciones, se han generado debates políticos sobre posibles soluciones y sobre el papel de las instituciones en la fiscalización y manejo de este tipo de esquemas financieros ilegales.
La situación representa una herida económica y social para miles de familias que confiaron sus ahorros a Koriun, y la presión sobre el Gobierno persiste, especialmente en regiones como Cortés, donde la movilización ha sido constante.
