Vásquez Velásquez retirado de lista de los más buscados
Las miradas se dirigen ahora a la administración Castro Zelaya, señalada por convertir la persecución penal y la recompensa ofrecida en un símbolo de confrontación política.
11 de febrero de 2026
La Policía Nacional de Honduras informó sobre la actualización de su lista de los 10 individuos más buscados con orden de captura vigente.
En el nuevo registro ya no figura el general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, quien permanece prófugo y enfrenta un proceso por el delito de asesinato en perjuicio del joven Isis Obed Murillo, fallecido durante una manifestación en Tegucigalpa en 2009.
La actualización del listado de los 10 más buscados por la Policía Nacional de Honduras volvió a encender el debate público. La exclusión del general en retiro Romeo Vásquez Velásquez, procesado por el asesinato de Isis Obed Murillo durante las protestas del 5 de julio de 2009, ha sido interpretada por sectores críticos como una decisión política más que como un avance judicial. Las miradas se dirigen ahora a la administración Castro Zelaya, señalada por convertir la persecución penal y la recompensa ofrecida en un símbolo de confrontación política.
La decisión de retirarlo del listado ha provocado reacciones encontradas. Mientras autoridades policiales señalan que las listas son instrumentos operativos sujetos a revisión periódica, críticos del Gobierno consideran que el cambio evidencia una estrategia errática y politizada en la gestión de la justicia. Para estos sectores, la recompensa anunciada en su momento calificada de “desproporcionada” por analistas terminó funcionando más como un mensaje político que como una herramienta eficaz para la captura.
Desde esta óptica, la administración Castro Zelaya es cuestionada por presentar el tema como un “trofeo” discursivo: anunciar recompensas, exhibir listados y luego modificarlos sin resultados concretos alimenta la percepción de improvisación. “La justicia no puede administrarse con golpes de efecto”, sostienen voces académicas y de la sociedad civil, que reclaman coherencia entre el discurso oficial y las acciones institucionales.
Familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos insisten en que el centro del debate no debería ser la propaganda ni la confrontación política, sino el avance real de los procesos judiciales. Subrayan que retirar nombres de listas sin explicar con claridad los criterios mina la confianza ciudadana y reaviva dudas sobre la independencia de las instituciones.
En un país marcado por la polarización, el caso vuelve a poner sobre la mesa una demanda recurrente: que la justicia actúe con transparencia, continuidad y resultados verificables, sin convertir causas sensibles en banderas partidarias.
La exclusión de Vásquez Velásquez del listado, lejos de cerrar el capítulo, reabre el cuestionamiento sobre si el Estado está persiguiendo responsabilidades o administrando símbolos por conveniencia a lineamientos absurdos de la pasada administración.
