Urtecho exige sanciones por asambleas médicas
El dirigente empresarial cuestionó a la cúpula del Colegio Médico de Honduras (CMH) y sostuvo que las interrupciones perjudican principalmente a los pacientes que dependen de los hospitales públicos.
12 de octubre de 2026
El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, pidió a las autoridades laborales aplicar medidas contra los médicos que participan en las asambleas informativas que afectan la prestación de servicios sanitarios en Honduras.
El dirigente empresarial cuestionó a la cúpula del Colegio Médico de Honduras (CMH) y sostuvo que las interrupciones perjudican principalmente a los pacientes que dependen de los hospitales públicos.
El pronunciamiento se produce en medio de un conflicto entre el gremio médico y las autoridades sanitarias por una serie de demandas laborales, salariales y administrativas. Las asambleas informativas han generado preocupación por la continuidad de las consultas y otros servicios, mientras los profesionales mantienen sus reclamos para que se atiendan compromisos pendientes.
Urtecho elevó el tono de sus críticas al calificar de “cártel” a la dirigencia del Colegio Médico y acusarla de impulsar medidas que, a su juicio, terminan afectando a la ciudadanía.
El representante del sector privado insistió en que las consecuencias recaen sobre las personas que necesitan consultas, tratamientos y atención oportuna en los centros asistenciales del país.
El dirigente empresarial también instó a la Secretaría de Trabajo a documentar los casos en los que, según sus señalamientos, los profesionales no estén cumpliendo con sus responsabilidades durante las asambleas. A su criterio, las autoridades deben hacer cumplir la legislación laboral y tomar decisiones sin dejarse condicionar por las críticas que puedan surgir ante eventuales sanciones.
Otro de los puntos abordados fue la situación administrativa de la Secretaría de Salud. Urtecho consideró que la falta de un ministro titular en esa dependencia no debería impedir que el Estado actúe frente a las interrupciones de los servicios médicos. Asimismo, sostuvo que corresponde a las autoridades gubernamentales garantizar el orden y la continuidad de las funciones públicas.
Las declaraciones se suman al debate sobre las responsabilidades de las partes involucradas y el impacto de las protestas en el sistema sanitario. Mientras el sector empresarial reclama medidas para evitar que los pacientes sigan afectados, el conflicto continúa marcado por las exigencias del gremio médico relacionadas con salarios, contratos y otros compromisos laborales pendientes.
La atención se centra ahora en las decisiones que puedan adoptar las autoridades laborales y sanitarias para abordar la disputa. El desafío será encontrar una salida que permita atender las demandas de los profesionales y, al mismo tiempo, garantizar que la población hondureña tenga acceso oportuno a los servicios de salud.
