Urge fin del estado de excepción y nueva política de seguridad
La directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, planteó que la próxima administración de gobierno debe cerrar el ciclo del estado de excepción y sustituirlo por una estrategia nacional más amplia en seguridad.
24 de diciembre de 2025
La directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, planteó que la próxima administración de gobierno debe cerrar el ciclo del estado de excepción y sustituirlo por una estrategia nacional más amplia en seguridad.
Según la especialista, la medida que buscaba contener maras, extorsión y homicidios no ha generado la reducción esperada, especialmente en el delito de extorsión, que continúa impactando a comerciantes, transportistas y trabajadores. Para Ayestas, Honduras necesita pasar de un esquema de contención temporal a uno de prevención, investigación criminal, control territorial y recuperación social.
La funcionaria académica señaló que el estado de excepción no fue diseñado únicamente para reducir homicidios, sino también para frenar la operatividad de estructuras criminales y disminuir el cobro de extorsiones.
Sin embargo, afirmó que ese componente no ha mostrado avances significativos. “La extorsión sigue siendo un desafío diario para la población económicamente activa, y es precisamente uno de los delitos que más presión ejerce sobre la estabilidad comunitaria”, indicó, dejando claro que la discusión sobre su continuidad será decisión del nuevo gobierno, pero recomendando que no se gobierne bajo ese marco, sino con una política integral que combine seguridad y desarrollo.
Ayestas también actualizó las cifras de violencia contra la mujer, revelando que 263 mujeres han sido asesinadas en 2025, lo que representa 23 víctimas más que en 2024, año que cerró con 240 muertes violentas de féminas.
La cifra evidencia un aumento preocupante en comparación interanual, pese a los esfuerzos institucionales desplegados durante el año. “La violencia de género no puede enfrentarse solo con decretos temporales; se requieren políticas permanentes, protección de víctimas y una justicia que actúe con celeridad”, expresó.
Desde el observatorio, el análisis apunta a que 2025 se perfila como un año con mayor letalidad para las mujeres, mostrando un retroceso en los indicadores que se habían estabilizado parcialmente en años anteriores.
La académica concluyó su intervención reiterando que el país debe priorizar un plan de Estado que articule fuerzas de seguridad, operadores de justicia, educación, oportunidades económicas y prevención comunitaria para atacar las causas y no solo los efectos de la violencia. “El reto del nuevo gobierno no es prolongar medidas extraordinarias, sino construir una seguridad sostenible que proteja vidas, empleo y libertad”, concluyó.
