TSC revisará períodos de Obando y Argueta en el Poder Judicial
Dentro de la CSJ se ha señalado que este tipo de procesos deben servir como herramientas de control institucional y rendición de cuentas, permitiendo identificar fortalezas, corregir posibles fallas administrativas y mejorar los mecanismos de supervisión dentro del Poder Judicial.
21 de julio de 2026
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se mantiene a la espera de los informes de auditoría que realizará el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre las administraciones de los expresidentes del Poder Judicial Rebeca Ráquel Obando y Rolando Argueta, un proceso que busca revisar aspectos administrativos y financieros de una década de gestión institucional.
Las autoridades judiciales indicaron que las evaluaciones ya fueron aprobadas por el pleno de magistrados y que actualmente se encuentran en desarrollo. Debido al amplio período que abarcan, los resultados finales requerirán un análisis técnico antes de ser entregados a la Corte para su conocimiento.
Las auditorías contemplan los primeros años de administración de Rebeca Ráquel Obando al frente de la CSJ y el período de Rolando Argueta, quien dirigió el Poder Judicial entre 2016 y 2023. La revisión abarcará procedimientos administrativos, manejo institucional y otros aspectos relacionados con la gestión de ambas presidencias.
La decisión de solicitar estas revisiones surge en medio de una etapa de cambios internos dentro de la Corte Suprema, donde magistrados han planteado la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia y establecer procesos de evaluación al finalizar cada período de administración.
La magistrada Anny Ochoa explicó que los procesos de auditoría requieren tiempo debido a la cantidad de información que debe ser revisada. Según detalló, la evaluación comprende varios años de gestión, por lo que el TSC deberá completar diferentes fases técnicas antes de presentar conclusiones definitivas al pleno de magistrados.
La revisión abarcará aproximadamente una década de administración del máximo órgano judicial, con el objetivo de verificar procedimientos internos y contar con una evaluación documentada sobre las decisiones tomadas durante las anteriores presidencias de la institución.
Dentro de la CSJ se ha señalado que este tipo de procesos deben servir como herramientas de control institucional y rendición de cuentas, permitiendo identificar fortalezas, corregir posibles fallas administrativas y mejorar los mecanismos de supervisión dentro del Poder Judicial.
El tema también está relacionado con los cambios aprobados recientemente en la estructura administrativa de la Corte, luego de que el Congreso Nacional modificara aspectos vinculados a la toma de decisiones internas, trasladando mayores facultades al pleno de los 15 magistrados en asuntos administrativos.
Magistrados han insistido en que las auditorías deben desarrollarse respetando las garantías legales correspondientes y el debido proceso, en caso de que los informes determinen observaciones o posibles responsabilidades administrativas.
