TSC audita gestión de fondos en Sedesol
La revisión se produce después de los fuertes cuestionamientos que enfrentó Sedesol durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026), particularmente por la distribución de fondos públicos que debían beneficiar a sectores vulnerables de la población.

16 de noviembre de 2026
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) mantiene abiertas varias auditorías sobre la administración anterior de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con el objetivo de esclarecer cómo fueron utilizados los recursos públicos destinados a ayudas sociales, becas y proyectos comunitarios. Las investigaciones buscan identificar posibles irregularidades y determinar si antiguos funcionarios incurrieron en responsabilidades administrativas, civiles o penales.
El caso tomó notoriedad en junio de 2025, cuando salió a la luz un video de una conversación entre el entonces ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y la diputada de Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, en el que se abordó la utilización de recursos destinados a programas sociales.
Posteriormente, salieron a la luz investigaciones periodísticas que documentaron anomalías en expedientes de ayudas gestionadas en el departamento de Copán, aumentando las exigencias de transparencia sobre el destino del dinero estatal.
El presidente del TSC, Ricardo Montes, confirmó que el proceso de fiscalización continúa avanzando y que actualmente los equipos responsables trabajan en recopilar y documentar los hallazgos obtenidos durante las revisiones.
El funcionario explicó que, una vez concluida esta etapa, se elaborarán los informes correspondientes para establecer si existen elementos que permitan atribuir responsabilidades a quienes participaron en la administración de los recursos.
De acuerdo con Montes, las conclusiones podrían derivar en responsabilidades civiles o administrativas. Si los auditores encuentran indicios de posibles delitos, la documentación será trasladada al Ministerio Público (MP) para que esta institución determine las acciones legales que correspondan.
Uno de los antecedentes que forma parte del contexto de las investigaciones es la revisión de 65 expedientes de ayudas sociales gestionadas por la diputada Isis Cuéllar en Copán. De estos documentos, 61 presentaban inconsistencias, principalmente por el uso de cotizaciones repetidas en diferentes solicitudes de financiamiento.
Asimismo, los cuestionamientos sobre la distribución de recursos alcanzaron a otros legisladores y exlegisladores de Libre. Entre 2023 y 2024 se gestionaron cerca de 224 millones de lempiras para programas de asistencia social, en medio de señalamientos sobre la participación de personas vinculadas con estructuras políticas entre los beneficiarios.










