Tribunal mantiene en prisión a la exfiscal Francia Medina
La decisión fue adoptada al considerar que la petición carecía de fundamento jurídico para sustituir la medida de prisión preventiva.
25 de julio de 2026
La Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula rechazó la solicitud de revisión de medidas cautelares presentada por la defensa de la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, por lo que continuará privada de libertad mientras siguen su curso los recursos legales promovidos por sus abogados. La decisión fue adoptada al considerar que la petición carecía de fundamento jurídico para sustituir la medida de prisión preventiva.
Francia Sofía Medina fue declarada culpable el pasado 27 de mayo por varios delitos relacionados con el manejo irregular de fondos y documentación oficial.
Entre los cargos por los que fue encontrada responsable figuran lavado de activos, sustracción, destrucción, ocultamiento e inutilización de documentos bajo custodia, uso de información privilegiada y falsificación continuada de documentos públicos.
Durante la audiencia para revisar las medidas cautelares, la defensa solicitó que la exfiscal pudiera abandonar la prisión y enfrentar el resto del proceso bajo un régimen de custodia, con presentaciones periódicas ante un juzgado y prohibición de salir del país. Sin embargo, el tribunal concluyó que la legislación aplicable no permite acceder a esa petición en las condiciones planteadas por sus representantes legales.
El portavoz del Poder Judicial en la zona norte, Herbert Rivera, explicó que la resolución fue emitida de forma unánime por los jueces que integran la sala, quienes determinaron que la solicitud no reunía los requisitos legales para modificar la medida de prisión.
Asimismo, indicó que la defensa anunció la presentación de un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones, el cual se suma a una acción de inconstitucionalidad que permanece pendiente de resolución.
Las impugnaciones promovidas por la defensa mantienen suspendida la lectura de la sentencia definitiva, ya que primero deberán resolverse los recursos interpuestos en las instancias superiores. Mientras tanto, la exfuncionaria continuará recluida hasta que el proceso judicial avance a la siguiente etapa.
En la audiencia de individualización de la pena celebrada en junio, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República solicitaron una condena de 31 años de prisión, además de una multa superior a los 367 millones de lempiras y sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Será el tribunal competente el que determine la pena definitiva una vez concluyan los recursos pendientes.
