Transportistas reportan avances contra la extorsión
La extorsión ha sido durante años uno de los principales problemas que enfrenta el transporte público en Honduras, con consecuencias tanto para los trabajadores del sector como para los pasajeros.
17 de agosto de 2026
El sector transporte asegura que las acciones de seguridad implementadas por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) han comenzado a generar resultados positivos, especialmente en la reducción de hechos delictivos que afectan a conductores y usuarios del transporte público.
El dirigente del transporte, Jorge Lanza, destacó que los operativos y trabajos coordinados de la nueva unidad policial han contribuido a mejorar las condiciones de seguridad dentro de las unidades. Según señaló, en las últimas semanas han percibido una disminución de la violencia y de los casos relacionados con extorsión.
Lanza también llamó la atención sobre una dificultad que, a su criterio, limita los resultados de los operativos: la falta de denuncias formales contra los detenidos. Explicó que algunos presuntos delincuentes son capturados con evidencias, pero pueden recuperar su libertad en poco tiempo cuando no existe una acusación formal que permita continuar el proceso judicial.
Esta situación, sostuvo, genera preocupación entre los transportistas porque algunas de las personas liberadas pueden regresar a las mismas actividades delictivas, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos legales para evitar que los sospechosos vuelvan rápidamente a las calles.
La extorsión ha sido durante años uno de los principales problemas que enfrenta el transporte público en Honduras, con consecuencias tanto para los trabajadores del sector como para los pasajeros. Los empresarios y conductores han reclamado de manera recurrente mayores acciones policiales y judiciales.
En ese escenario, el sector transporte considera que el trabajo de la DAET representa un respaldo importante para enfrentar a las estructuras dedicadas a este delito, aunque insiste en que los resultados de las capturas deben complementarse con denuncias y procesos judiciales efectivos.
El Gobierno, por su parte, mantiene acciones de seguridad junto con programas orientados a mejorar las oportunidades de educación y empleo, bajo la premisa de que la reducción de la delincuencia requiere medidas policiales y también estrategias sociales.
