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Transportistas exigen cuentas claras a exdirector Barahona por concesiones

Los representantes gremiales exigieron que Barahona rinda cuentas ante las autoridades competentes por estas adjudicaciones, que consideran han generado desigualdad y conflicto en la prestación del servicio en distintas rutas del país.

17 de febrero de 2026

Dirigentes del sector transporte público de Honduras han intensificado sus demandas contra el Rafael Barahona, a quien responsabilizan por la entrega de cerca de 500 concesiones de operación que, según ellos, se otorgaron sin procesos transparentes ni criterios técnicos claros durante su gestión en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

 

Los representantes gremiales exigieron que Barahona rinda cuentas ante las autoridades competentes por estas adjudicaciones, que consideran han generado desigualdad y conflicto en la prestación del servicio en distintas rutas del país.

 

La solicitud surgió durante un pronunciamiento público liderado por el dirigente Jorge Lanza, quien planteó que la asignación masiva de concesiones al final de la administración anterior ha provocado una distribución irregular de permisos de operación, con algunas zonas saturadas de unidades y otras desfavorecidas.

 

Lanza argumentó que, más allá de cuestionar la validez de cada concesión concedida, es necesario investigar cómo se determinaron los criterios de asignación y si se respetaron los procedimientos legales establecidos.

 

Los transportistas demandan al actual IHTT la revisión exhaustiva de cada expediente y la anulación de aquellas concesiones que no cumplan con los requisitos formales o técnicos, con el fin de restaurar la competencia equitativa en los corredores urbanos y rurales.

Sostienen que muchas de las adjudicaciones impactan negativamente a quienes ya operaban legalmente antes de la emisión masiva de permisos, lo que afirmaron ha encarecido la prestación del servicio y deteriorado las condiciones de trabajo en el rubro.

 

Además, Lanza señaló que la rendición de cuentas del exfuncionario debe trascender la evaluación administrativa, y propuso que se contemple la posibilidad de llevar el caso ante instancias judiciales si se identifican irregularidades graves en la documentación o en los actos de autoridad que culminaron con las adjudicaciones cuestionadas.

 

Esta postura refleja el creciente descontento de un sector que reclama claridad y transparencia en la gestión de permisos de transporte, fundamental para la organización del servicio público y la movilidad de millones de usuarios en todo el territorio.

 

En respuesta, las nuevas autoridades del IHTT han manifestado su disposición a colaborar con las investigaciones internas y de ser procedente remitir cualquier hallazgo a las instancias correspondientes para que se determine la responsabilidad administrativa o penal de quienes actuaron fuera de la ley.

 

El debate continúa abierto entre los gremios, el ente regulador y otros actores vinculados al transporte, en un ámbito en el que se confrontan reclamos por justicia, equidad y eficiencia en la regulación del sector.

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