NACIONALES

El sector transporte en Honduras abrió la puerta a un posible incremento en la tarifa del pasaje urbano, proponiendo un ajuste que oscilaría entre seis y siete lempiras, mientras se mantiene a la expectativa de una reunión con autoridades gubernamentales que definirá el rumbo de la medida.

La iniciativa fue planteada por dirigentes del rubro, quienes argumentan que el aumento responde a la presión acumulada por los costos operativos, especialmente el combustible, cuyo precio ha experimentado incrementos significativos en los últimos meses.

De acuerdo con representantes del sector, la decisión final aún no está tomada y dependerá del resultado del encuentro programado con el Gobierno en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, donde se analizará la viabilidad de una actualización tarifaria.

Los transportistas sostienen que la tarifa vigente no ha sido revisada en varios años, lo que ha generado un desfase frente a la realidad económica del país. Aseguran que, durante este tiempo, han absorbido incrementos constantes en insumos clave, lo que ha deteriorado la sostenibilidad del servicio.

Uno de los principales factores señalados es el alza en el precio del diésel, que ha pasado de valores considerablemente más bajos a cifras que superan los 140 lempiras por galón, impactando directamente en los costos diarios de operación. Según estimaciones del gremio, este incremento representa pérdidas económicas significativas cuando se multiplica por la cantidad de unidades en circulación en varias ciudades del país.

En ese contexto, los dirigentes recalcan que la tarifa técnica —basada en costos reales— supera lo que actualmente pagan los usuarios, aunque reconocen que cualquier ajuste suele ser resultado de negociaciones entre el Gobierno y el sector transporte, con el objetivo de equilibrar la sostenibilidad del servicio y el impacto en la población.

El anuncio se produce en medio de tensiones entre el rubro y las autoridades, derivadas no solo de la revisión tarifaria, sino también de pagos pendientes relacionados con el bono compensatorio. En los últimos días, el Gobierno ha manifestado su intención de saldar estas deudas para reducir la presión sobre el sector y evitar medidas como paralizaciones o incrementos inmediatos en el pasaje.

A pesar de ello, el gremio ha advertido que la situación financiera es cada vez más compleja, señalando que los costos operativos continúan en ascenso y que la falta de ajustes periódicos ha acumulado un rezago que ahora buscan corregir.

La posible revisión de tarifas también se vincula con la necesidad de modernizar el sistema de transporte público, una demanda recurrente tanto de usuarios como de autoridades. Según los transportistas, mejorar la calidad del servicio requiere inversiones que solo serían posibles con ingresos más acordes a los costos reales de operación.

Mientras tanto, la población permanece atenta al desarrollo de las negociaciones, ya que cualquier incremento en el pasaje tendría un impacto directo en la economía de miles de familias que dependen diariamente del transporte público para sus actividades laborales y educativas.