Transporte denuncia millonarias pérdidas por extorsión
Representantes del transporte señalaron que el problema de la extorsión se mantiene como una de las mayores preocupaciones del sector y aseguraron que las cantidades de dinero que circulan hacia estas actividades ilegales representan un golpe significativo para la economía nacional.
11 de julio de 2026
Dirigentes del sector transporte denunciaron que los pagos exigidos por grupos dedicados a la extorsión representan una fuerte carga económica para este rubro, al estimar que anualmente se destinan más de 18 mil millones de lempiras a este delito en Honduras. Los representantes del sector pidieron fortalecer las estrategias de seguridad para frenar una problemática que, aseguran, afecta la operación del transporte y pone en riesgo a trabajadores y usuarios.
La extorsión continúa siendo uno de los principales problemas que enfrenta el transporte público hondureño. Conductores, propietarios de unidades y empleados del sector han denunciado durante años amenazas, cobros ilegales y presiones de grupos criminales que buscan obtener ingresos mediante pagos obligatorios.
El impacto de este delito no solo se refleja en las pérdidas económicas para los transportistas, sino también en las decisiones operativas de muchas empresas y trabajadores, quienes deben enfrentar mayores costos, temor por su seguridad y dificultades para mantener el servicio en algunas zonas del país.
Representantes del transporte señalaron que el problema de la extorsión se mantiene como una de las mayores preocupaciones del sector y aseguraron que las cantidades de dinero que circulan hacia estas actividades ilegales representan un golpe significativo para la economía nacional.
De acuerdo con declaraciones de dirigentes del rubro, un análisis realizado por expertos habría calculado que los pagos relacionados con este delito superarían los 18 mil millones de lempiras al año, principalmente provenientes de sectores afectados por cobros ilegales.
Los transportistas manifestaron que esta situación genera un ambiente de incertidumbre entre quienes diariamente prestan el servicio, debido a que muchos trabajadores deben enfrentar amenazas y presiones que afectan tanto su seguridad personal como la estabilidad económica de sus familias.
Además del impacto financiero, los dirigentes indicaron que la extorsión provoca efectos indirectos en los usuarios del transporte, ya que los costos asociados a la inseguridad terminan influyendo en la operación de las unidades y en las condiciones bajo las cuales se brinda el servicio.
El sector transporte ha solicitado a las autoridades implementar acciones más contundentes contra las estructuras dedicadas a este delito, incluyendo investigaciones, capturas y mecanismos que permitan identificar a quienes participan en las redes de cobro ilegal.
Mientras tanto, los transportistas mantienen el llamado para que se fortalezcan las medidas de seguridad y se generen condiciones que permitan operar sin las presiones económicas y amenazas que, según denuncian, han acompañado al sector durante los últimos años.
