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El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se apresta a iniciar esta semana la fase jurisdiccional del recuento de impugnaciones y apelaciones presentadas tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre de 2025, un paso clave en el proceso para asegurar la legalidad de los resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Luego de que venció el plazo para interponer recursos legales, el presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, encabezó reuniones con los magistrados para determinar los lineamientos operativos bajo los cuales se desarrollará este conteo jurisdiccional de actas y reclamaciones.

Hasta el cierre de la etapa de recepción de recursos, el Tribunal ha acumulado más de 70 solicitudes de impugnación y apelación, centradas en disputas sobre resultados de corporaciones municipales, diputaciones y, en menor medida, a nivel presidencial.

Una de las contiendas más disputadas fue en la alcaldía del Distrito Central, donde el TJE deberá analizar reclamos que cuestionan la declaratoria del CNE que dio como alcalde electo a Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional, pese a la estrecha diferencia con otros aspirantes.

El órgano jurisdiccional también evalúa si solicitará el apoyo de sectores de la sociedad civil para apoyar con aspectos logísticos del recuento, ante las limitaciones presupuestarias que enfrenta, un tema que ha sido señalado por el propio magistrado Flores como un desafío para desarrollar el proceso dentro de los plazos previstos por la normatividad electoral.

De acuerdo a la legislación hondureña, el TJE tiene hasta 30 días para resolver estos recursos de impugnación, lo que implica emitir decisiones finales antes de que se complete el periodo de transición hacia la nueva administración que tomará posesión a finales de enero de 2026.

Este proceso jurisdiccional se da en un contexto marcado por una alta polarización electoral y cuestionamientos sobre la transparencia del recuento de actas, situación que ha generado tensiones entre partidos políticos, candidatos y la ciudadanía en general, al tiempo que mantiene viva la atención pública sobre la validez y confiabilidad de los comicios recientes.

Las resoluciones que emita el TJE podrán confirmar, modificar o incluso invalidar resultados de ciertas candidaturas, dependiendo del análisis técnico de cada reclamación, y serán definitivas e inapelables en materia estrictamente electoral, conforme a la normativa vigente.

Este avance marca una fase crucial en el cierre administrativo y legal del proceso electoral de 2025, que ha sido uno de los más reñidos y disputados en la historia reciente de Honduras, poniendo a prueba la capacidad institucional para dirimir controversias y fortalecer la confianza en la democracia hondureña.