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Tarifas se mantienen: IHTT niega ajuste en transporte

Ante la circulación de información sobre posibles incrementos en la capital, el ente regulador aclaró que no ha aprobado ninguna modificación en las tarifas del transporte urbano ni de taxis, desautorizando de forma directa cualquier cobro adicional aplicado por transportistas.

17 de abril de 2026

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) dejó sin efecto cualquier intento de incremento en las tarifas de taxis y transporte urbano en Tegucigalpa, advirtiendo que no existe autorización legal para aplicar aumentos y que quienes incumplan podrían enfrentar sanciones.

 

La decisión surge en medio de presiones del sector transporte, que ha insistido en revisar las tarifas debido al incremento sostenido en los precios de los combustibles y los costos operativos. En las últimas semanas, usuarios han denunciado cobros irregulares en algunas rutas, lo que encendió las alertas de las autoridades reguladoras.

 

El IHTT ha reiterado que es la única entidad facultada para autorizar cambios en el costo del pasaje, por lo que cualquier ajuste aplicado sin su aval carece de validez legal.

 

Ante la circulación de información sobre posibles incrementos en la capital, el ente regulador aclaró que no ha aprobado ninguna modificación en las tarifas del transporte urbano ni de taxis, desautorizando de forma directa cualquier cobro adicional aplicado por transportistas.

 

Además, la institución advirtió que intensificará operativos de supervisión para verificar el cumplimiento de las tarifas vigentes, con el objetivo de proteger a los usuarios frente a cobros indebidos. En ese sentido, no descartó la aplicación de multas económicas e incluso la suspensión de permisos a quienes incumplan la normativa.

 

El conflicto refleja el choque entre autoridades y transportistas, quienes argumentan que la operación del servicio se ha vuelto más costosa, mientras el gobierno sostiene que cualquier ajuste debe seguir el procedimiento legal correspondiente.

 

La postura oficial busca evitar un impacto directo al bolsillo de los ciudadanos, en un contexto económico ya presionado por el alza de precios en combustibles y otros servicios básicos.

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