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La reciente decisión del Gobierno de Honduras de suspender por un año la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos ha generado un intenso debate entre expertos en derecho internacional, políticos y organismos internacionales. A pesar de la suspensión, el tratado sigue vigente y podría ser modificado, retomado o reemplazado durante este periodo, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado.

El Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos, suscrito hace más de 100 años, ha sido un pilar en los esfuerzos para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional. Sin embargo, el pasado 20 de diciembre de 2024, el Gobierno hondureño anunció la suspensión de su denuncia, después de recibir una nota diplomática de la administración de Joe Biden con dos opciones para mantener la vigencia del acuerdo. Finalmente, se optó por suspender la denuncia hasta el 26 de enero de 2026, reanudándose su trámite a partir de esa fecha.

El profesor Randolfo Díaz Fernández, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), considera que la suspensión abre una ventana para reformar o sustituir el tratado. "El derecho internacional es de negociación. Puede ser que en el ínterin decidan mejorarlo, cambiarlo o eliminarlo y crear otro", señaló el experto.

Por su parte, la abogada hondureña radicada en Miami, Marcela Caro, advierte que en un año solo podría darse una ampliación de los delitos contemplados en el tratado, especialmente porque la administración de Donald Trump ha endurecido su postura sobre el narcotráfico. "Trump no negociará sus políticas migratorias a cambio de un tratado cuando ya emitió una orden ejecutiva que designa a los carteles y a quienes los protegen como terroristas", afirmó.

En contraparte, el doctor en derecho internacional José Tercero cree que a Estados Unidos no le interesa modificar el tratado, ya que su propósito es asegurar la extradición de hondureños implicados en el narcotráfico sin recurrir a medidas unilaterales. "Cuando Estados Unidos considera que una acción atenta contra su soberanía y seguridad nacional, no le interesa si hay cambios en el tratado", sostuvo.

Desde el Congreso Nacional, la diputada liberal Beatriz Valle sostuvo que la decisión de suspender la denuncia responde a la designación de los carteles de la droga como terroristas por parte de Estados Unidos. A su vez, la parlamentaria Fátima Mena propuso que el próximo gobierno retire la denuncia de forma definitiva, asegurando que la posición del oficialismo es "tibia" y no resuelve la incertidumbre jurídica.

Por otro lado, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos elogió la decisión de la presidenta Xiomara Castro de mantener el tratado. "La cooperación bajo el Tratado de Extradición es crucial para la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional", manifestó la entidad en redes sociales.

El canciller Enrique Reina reveló que el expresidente Manuel Zelaya Rosales lideró las conversaciones con Washington para mantener la vigencia del tratado. "La Casa Blanca, a través de nuevos personeros, entró en contacto con Zelaya por instrucciones de la presidenta Castro", informó Reina, quien evitó brindar detalles adicionales sobre las negociaciones en curso.

El profesor Díaz exhortó al Gobierno hondureño a ser transparente en las negociaciones con Estados Unidos. "No son temas tabú ni secretos de Estado, deben informar al pueblo sobre las decisiones que están tomando para evitar malas interpretaciones", indicó.

Con la suspensión de la denuncia hasta 2026, el destino del Tratado de Extradición sigue en incertidumbre. Mientras algunos lo ven como una oportunidad para una reforma que modernice el acuerdo, otros temen que solo se trate de una medida temporal sin un cambio real. El próximo año será clave para determinar si Honduras optará por renegociar, mantener o finalmente eliminar este mecanismo de cooperación con Estados Unidos.