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La suspensión por tres meses del juez Plinio Consuegra ha generado serias preocupaciones sobre la independencia del poder judicial en Honduras. El caso fue denunciado públicamente por el diputado del Partido Nacional, Ramón Carranza Discua, quien expresó a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) que “sin jueces independientes no hay justicia, y sin justicia, los derechos de la ciudadanía quedan a merced de los intereses del poder”.

Carranza, abogado de profesión y congresista por el departamento de El Paraíso, advirtió que la independencia judicial es un pilar esencial del Estado de derecho, y su debilitamiento pone en riesgo el sistema democrático.

En su pronunciamiento, recordó que Honduras está obligada a proteger la autonomía e imparcialidad de sus jueces, en cumplimiento de la Constitución y de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuyo artículo 8.1 garantiza el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial.

La suspensión del juez Consuegra se dio tras su decisión de otorgar medidas sustitutivas a la prisión al general retirado Romeo Vásquez Velásquez, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. La medida judicial generó controversia, y como consecuencia, el juez fue separado temporalmente de sus funciones.

El hecho ha despertado un debate público en torno al respeto a la separación de poderes, al debido proceso y a la presión que podrían estar enfrentando jueces en el ejercicio de sus funciones, especialmente en casos de alto perfil político o militar.

Varios sectores han advertido que sancionar a jueces por el contenido de sus resoluciones, sin un proceso objetivo y transparente, socava la confianza en el sistema judicial y puede tener un efecto intimidatorio para otros operadores de justicia.